En los últimos años, en diversas oportunidades y ante embestidas punitivas contra los más chicos, hemos expresado nuestra posición contundente y fundamentada de oponernos a la baja en la edad de imputabilidad que rige actualmente en nuestro país. Hoy volvemos a expresarlo, como aquellas otras veces, a partir de estudios contundentes y datos empíricos que permiten un análisis serio, reflexivo y no especulativo o coyuntural.
En todos estos años, hemos demostrado cómo aquellas posturas favorables a la baja de edad de imputabilidad penal, fueran ellas de manufactura progresista o marca registrada de un populismo punitivo, basaban sus discursos en anclajes ideológicos, apelando a la sensibilidad punitiva exacerbada por la criminalidad mediática, pero sin sustento empírico alguno. Por ello, opusimos la contundencia del dato y de la investigación empírica seria que demostraban que las tasas de delitos cometidos por personas menores de edad no habían crecido, y que los delitos “más temidos” y más utilizados para generar mecanismos de “alarma social” eran (y son) un porcentaje ínfimo del total de causas abiertas contra niños, niñas y adolescentes.
Declaración Observatorio y GSPyDH 2009
Declaración Observatorio y GESPyDH 2011
A partir de nuestro trabajo permanente y actualizado hoy podemos sostener que las causas abiertas en los fueros específicos de niños, niñas y adolescentes en materia penal en la Provincia de Buenos Aires, no han subido significativamente en los últimos años, incluso el guarismo alcanzado en el 2012 en el mejor de los casos retrotrae los valores al año 2007, año anterior a la implementación a la reforma, y que de ningún modo supera la marca del año 2006.
Es decir, en la Provincia de Buenos Aires, tampoco las estadísticas reflejan “el alarmante aumento de la delincuencia” que es pregonizado por el campo mediático y político, sustrato y argumento de la baja en la edad de imputabilidad penal. Tal como demostramos en el informe sobre el funcionamiento de la Justicia de Menores en la Provincia de Buenos Aires 2000-2012, una reconstrucción del funcionamiento de la justicia de menores de la PBA en lo últimos años, muestra que desde 2003 hasta 2012, las causas por delitos contra la propiedad, han descendido, y también los homocidios:
– Los delitos contra la propiedad registraron en el año 2011 el guarismo más bajo de toda la década.
– Las lesiones expresan fluctuaciones, no obstante lo que podría leerse como una tendencia en alza en los últimos dos años, no hace sino retrotraer la situación a los años 2005 y 2006, por debajo aun del año 2004, marca más alta de todo el período.
– Los homicidios, si bien han subido entre el año 2009 y el año 2011, no constituyen los puntos más altos de la serie; no constituyen de ningún modo un alarmante e inusitado aumento nunca antes experimentado. De hecho, en 2003 y 2004 hubo un registro mayor de “homicidios”, que fueron encausados y atendidos por medidas distintas del endurecimiento del sistema penal. En 2012 volvieron a bajar, por lo que es imprescindible seguir exhaustivamente la evolución de esta variable.
– En el 2003 se iniciaron causas por 426 homicidios, y en 2012 fueron 262.
– En el 2003 se iniciaron causas por 9889 robos, y en 2012 fueron 7232.
(Fuente: elaboración propia en base a datos de la Oficina de Estadísticas de la Procuracióndela Suprema Cortede PBA (2003-2008 primer semestre); OSL, segundo semestre 2008, y Procuración General (SIMP)2009 a2012.)
Haciendo oídos sordos de la realidad y centrados en la campaña electoral, la edad en que los chicos deben ser juzgados penalmente vuelve a ponerse como tema central de debate para la sociedad, vuelve a presentarse de parte de las fuerzas hegemónicas políticas y mediáticas, como “EL TEMA QUE MÁS PREOCUPA A LA GENTE”. Y se lo hace nuevamente con un nivel mediocre de argumentos y en base a datos mentirosos. Lo que se busca es encender nuevamente la alarma social que sostiene que los chicos pobres urbanos son los peligrosos, que de ellos hay que defenderse y que la mejor resolución es encerrarlos cada vez más temprano.
Se le miente a la sociedad construyendo discursos agoreros de mano dura para evitar que los chicos “entren por una puerta y salgan por otra”, curioso es que entonces en los últimos relevamientos de institutos de menores de la Provincia de Buenos Aires se hayan hallado chicos de 14 y 15 años, bajo figuras de dudosa legalidad, chicos que entraron por una puerta y no salieron por ninguna otra, chicos a los cuales les son vulneradas todas sus garantías democráticas. Chicos que sin ser encontrados efectivamente responsables de ningún delito, viven un nuevo golpe del Estado contra ellos, el que se suma y pondera todas las otras vulneraciones que el Estado no atendió previamente. (Daroqui, A.; López, A. L. y Cipriano García, R. -coord.- (2012). Sujeto de castigos. Hacia una sociología de la penalidad juvenil. Rosario: Homo Sapiens Ediciones).
Tanto en los debates del año 2009 como 2011 hubo un denominador común, que era la elección mediática de algún caso de delito cometido por chicos menores de 18 años y en especial entre 14 y 15 años, para instalar en la agenda pública y en primera plana la necesidad de bajar la edad de imputabilidad de 16 años, como rige actualmente, a 14 años.
Esta vez, no hubo ningún episodio escabroso que activara el debate por la baja de la edad de imputabilidad penal. Pura especulación electoral en un territorio que los candidatos disputan por quién demuestra el discurso más duro contra la “inseguridad” y contra los “delincuentes”. Un territorio donde la “protección de los derechos” paga menos que la represión despiadada y el gatillo fácil, como lo han demostrado en forma contundente el fallo de absolución del agente del GEOF que mató al adolescente Tapia a sangre fría en un allanamiento, la muerte de la joven Soledad Bowers por un “error” en la puntería de un agente de la policía bonaerense y, en contraste, la nula preocupación de los intendentes y candidatos de las fuerzas mayoritarias en la Provincia de Buenos Aires para poner como primer tema de agenda la IMPERIOSA NECESIDAD de que en los municipios bonaerenses se cumpla con la ley de promoción y protección de derechos, puesta en vigencia hace ya 7 años, en los cuales se ha avanzado poco y nada en generar los dispositivos tendientes a garantizar el pleno goce de derechos de los pibes en la provincia, la protección de los mismos niños, niñas y adolescentes que más adelante serán “carne fresca” para alimentar al insaciable sistema penal.
Sin embargo no es éste el tema de agenda, el tema propuesto es: neutralizar a los jóvenes pobres, cómo ponerlos dentro de muros donde no se los vea, desde donde no puedan salir a atentar contra la propiedad privada de los que tienen algo que perder.
Asistimos a un debate espurio que invierte los términos de la ecuación que se proponía, cuando menos a nivel declarado, la sanción del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil: más castigo y menos “garantías”. Un debate que estratégicamente soslaya qué implica la imputabilidad en términos materiales -hoy, ahora- para los jóvenes: la captura violenta y selectiva de una población que sólo es alcanzada por el brazo punitivo del Estado, lejos de la “promoción y protección” postulada discursivamente. Un debate que en vez de atender a la responsabilidad del Estado en la situación de (sobre) vida de los niños y las niñas de nuestros barrios, propone correrlos de la escena ofreciéndoles esa materialidad penal. Mientras no se sostengan sobre diagnósticos serios, seguiremos asistiendo a estos debates falaces que no hacen más que profundizar la vulneración de los más chicos.
Paradojas:
Es curioso que el tema se instale en paralelo con el fallo vergonzoso del tribunal oral Nro. 11 de CABA en el cual se absuelve al ex oficial de grupo GEOF que mató a sangre fría a Alan Tapia en un allanamiento en Bario Mitre, siendo fundamentos del fiscal para el pedido de absolución que se considere que el procedimiento no se había realizado “en Puerto Madero o las islas Seychelles, sino en la Villa Mitre”.
En paralelo se denuncia el homicidio por parte de un oficial de la bonaerense de Soledad Bowers, una joven que esperaba entrar a un restaurant en la ciudad de La Plata cuando el disparo del policía le perforó su estómago. El oficial perseguía a unos chicos que se presume habían cometido un robo. Un tiro por la espalda propinado a un chico que corría, le erró al blanco (la espalda del joven), y fue a dar al estómago de Soledad Bowers. El objetivo de matar se realizó; la variación estuvo en la víctima fatal.
Y la frutilla del postre en la misma semana, el Gobernador Bonaerense Daniel Scioli anuncia el desdoblamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad dejando en este último al actual intendente de Ezeiza, Alejandro Granados, el mismo que hace dos años atrás decía que “estamos en una guerra, o los matamos nosotros o nos matan ellos” y que implementó para el gobernador un “exitoso” sistema en Ezeiza, bajo el nombre “tolerancia cero a la delincuencia”.
El oficialismo ofrece un modelo de más cámaras de seguridad, más policía y vuelve a poner en forma ostentosa a la gendarmería en las calles bonaerenses, mientras que el principal “opositor” muestra su municipio como emblema de seguridad también con sistema de cámaras de seguridad y militarización de los espacios públicos. Dentro de sus puntos de coincidencia está el de generar alarma social para luego aplicar mecanismos de control represivos sobre los jóvenes pobres de la provincia.
De la derecha punitiva, de la cual Granados es fiel exponente, no nos sorprende tal afirmación y campaña de “mano dura”, pero es hora indispensable que se sinceren esas otras miradas que bajo formas “progresistas” avalan los mismos mecanismos represivos contra los más vulnerados.
Otra vez sobre argumentos falaces se erigen posturas perversas:
Nosotros sabemos y “ellos” también que no se puede considerar que las garantías y el respeto a los derechos de los más chicos recién se consumen una vez cometido un delito y que el ingreso al sistema penal signifique el comienzo de una vida plena como “sujeto de derechos”.
Nosotros sabemos y “ellos” también que en los últimos años, los operadores del sistema penal, de amplios sectores políticos y de medios de comunicación, amparados en el paradigma de la seguridad-inseguridad, con claros criterios de “defensa social”, han construido casi excluyentemente un solo “enemigo interno”: los adolescentes y jóvenes varones pobres.
Es falaz y perverso porque nosotros sabemos… y “ellos” también, que los únicos recursos disponibles en el presente para abordar la problemática de los adolescentes y jóvenes que ingresan al sistema penal son las instituciones de encierro, que las nuevas leyes de infancia, nacional y provinciales, no han sido ejecutadas con los recursos materiales y humanos necesarios para disponer de alternativas a la privación de la libertad.
Reiteramos y sostenemos:
Que el sistema penal no garantiza ni repara, sino que castiga y profundiza la exclusión social.
Que no se resuelve el problema del delito, la violencia y la inseguridad bajando la edad de imputabilidad de los más chicos, como tampoco lo ha resuelto con los que ya son punibles a pesar de promover un crecimiento exponencial del sistema penal con: la creación de juzgados, fiscalías, tribunales orales, cámaras, el aumento sistemático de efectivos policiales con facultades cada vez más ‘amplias’ y por supuesto con sus recursos materiales, el impactante crecimiento de plazas carcelarias y de institutos, el uso extorsivo del juicio abreviado, los límites a las excarcelaciones, el uso abusivo y generalizado de la prisión preventiva, los malos tratos y torturas y las ejecuciones sumarias de las diversas agencias policiales.
En este sentido, expresamos:
Las garantías y respeto de los derechos fundamentales se sostienen a partir del desarrollo a mediano y a corto plazo de políticas económicas y sociales distributivas que se direccionen hacia la disminución drástica de la pobreza y la indigencia de los niños, adolescentes, jóvenes y sus familias y con programas de asistencia y contención que aborden con carácter urgente problemas graves que los afectan.
Nuestro absoluto rechazo a los nuevos avances para bajar la edad de imputabilidad, afirmamos nuestra convicción de la necesidad de un Régimen Penal Juvenil que contenga los principios fundantes de un derecho penal mínimo en el marco de un estado social para todos.
Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos
Observatorio de Adolescentes y Jóvenes
Instituto de Investigaciones Gino Germani – Facultad de Ciencias Sociales – UBA
