Directoras: Alcira Daroqui y Silvia Guemureman

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El GESPyDH orienta sus investigaciones a problematizar la tensión entre el sistema penal y los derechos humanos. El objeto específico de indagación del Grupo es el funcionamiento del sistema penal en su conjunto: cárcel, agencia judicial y policial son los objetos abordados por excelencia. Focalizamos nuestra mirada en la vigencia/respeto/vulneración/contradicción/dualidad de las prácticas y discursos del sistema penal en relación a los derechos humanos de las personas que el mismo “captura” a través del despliegue de sus diferentes agencias, en el marco de un estado democrático de derecho.

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7 de agosto de 2018

QUE SEA LEY!

 

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26 de julio de 2018

DECLARACIÓN PÚBLICA

 NO A LAS FUERZAS ARMADAS.

NO A LA MILITARIZACIÓN DEL ESPACIO SOCIAL.

AHORA Y SIEMPRE

El GESPyDH expresa su profundo repudio y rechazo a la política del Gobierno del Presidente Mauricio Macri, que le otorga facultades e incumbencias a las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad interior. Esta política de militarización de la seguridad interior ha sido siempre denunciada por el GESPyDH desde su anterior impronta en el año 2011, cuando fuerzas de carácter militar como Prefectura Naval Argentina y en particular Gendarmería Nacional Argentina fueron afectadas a programas y planes que contemplaron (y siguen contemplando) acciones de control territorial en pos de la prevención y represión del delito en amplias zonas urbanas de nuestro país, pero especialmente en las zonas empobrecidas.  Y también denunciamos la “habilitación” a las Fuerzas Armadas a participar ante “amenazas externas”, provenientes no de otros Estados, sino sobre accionar de “delitos” como narcotráfico, trata de personas y contrabando, al habilitar al Ejército y a la Fuerza Aérea, junto con la Prefectura y Gendarmería, en el denominado Plan de Seguridad Escudo Norte y el Programa Operativo Fortín II, también creado en el año 2011 por el -por entonces- flamante Ministerio de Seguridad de la Nación. En 2018, el decreto del Presidente Macri recupera, profundiza y avanza en una política de militarización del espacio social comenzada por el gobierno anterior en 2011 y que, en nombre de la cuestión securitaria, convoca aún más activamente a las Fuerzas Armadas a tareas de control social interno. Desde siempre, el “protagonismo” de las Fuerzas Armadas ha representado para el pueblo argentino la represión, muerte, tortura y genocidio. De ello es testigo nuestra historia. En el nombre de miles y miles de víctimas de “nuestras fuerzas armadas”, desde el GESPyDH decimos que REPUDIAMOS Y RECHAZAMOS su participación en planes, programas y acciones de inteligencia en cuestiones de seguridad interna y menos aún, en cuestiones de “orden”. No a las fuerzas armadas. No a la militarización del espacio social. Ayer, hoy y siempre.

 

11 de junio de 2018

El GESPyDH repudia los términos del proyecto de ley de reforma del sistema penal juvenil bonaerense y convoca a sumarse a la marcha de rechazo a tal proyecto.

Comunicado de la CPM:

La propuesta, improvisada e inconsistente, fue enviada por el gobierno en 2017 sin datos estadísticos actualizados que justifiquen la reforma que afecta derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes (NNyA). Sólo beneficia los intereses corporativos de jueces y fiscales que reclaman ampliar los plazos de detención de los jóvenes en comisarías para no trabajar en horarios nocturnos. Asimismo consolida una perspectiva punitivista como único camino para dar respuestas a los problemas sociales de seguridad. Mientras tanto, la situación de la niñez es crítica, las políticas de niñez están desfinanciadas y el Estado incumple con el sistema de promoción y protección de los derechos de los niños (ley 13298). Link al comunicado completo.

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El GESPyDH adhiere a la 

Marcha del lunes 4 de junio

Ni una menos.

por Aborto Legal, Seguro y Gratuito

 

Convocamos a movilizarnos

el 13 de junio al Congreso

por la aprobación de la Ley en la Cámara de diputados

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COMPARTIMOS Y ADHERIMOS AL COMUNICADO DEL  OBSERVATORIO DE ADOLESCENTES Y JÓVENES RECHAZANDO LA PARTICIPACIÓN DE MILITARES EN LA SEGURIDAD INTERIOR – MAYO 2018

Desde el OAJ rechazamos la participación de militares en tareas de seguridad interior y la represión de Gendarmería y Prefectura en los barrios populares.

Desde el OAJ repudiamos los dramáticos acontecimientos vividos en la madrugada del 27 de mayo, cuando Prefectura Naval irrumpió con un violento e ilegal operativo en la villa 21-24, en el que reprimió y detuvo ilegalmente a vecinos de la villa, y a activistas de La Garganta Poderosa (algunos de los cuales deberán testificar pronto en un juicio contra prefectos, acusados de torturar a dos jóvenes del barrio durante 2016).  Estos hechos se conectan a su vez con anuncios recientes de menor trascendencia, pero igual gravedad. 

Desde fines de la última semana, periodistas y medios de alcance nacional han hecho eco de fuentes oficiales sobre un supuesto plan del gobierno para imponer a comienzos del mes próximo (decreto presidencial mediante), el fin de uno de los consensos fundamentales de la democracia argentina: la prohibición absoluta a los militares de participar en tareas de seguridad interior. Dicha prohibición quedó establecida durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Saúl Menem en las leyes 23.554/88 y 24.059/91 de Defensa y Seguridad Nacionales respectivamente, y fue ratificado en el decreto 727/06 durante la presidencia de Néstor Kirchner. La modificación persigue el fin der reemplazar con militares a gendarmes y prefectos navales de sus tareas de custodia en sitios estratégicos, cursos fluviales, línea de costa y fronteras terrestres, para poder reasignarlos a otras funciones que el gobierno precisa con mayor urgencia: la represión de la protesta social y en los barrios populares.

Vale aclarar que no es la primera vez que la cuestión de militarizar la seguridad interior surge en tiempos recientes. Ya durante la gestión anterior, y haciendo eco del “paradigma de las nuevas amenazas” (doctrina impulsada por los Estados Unidos y los países centrales, que postula la existencia de supuestos nuevos enemigos omnipresentes que son a la vez amenazas a la seguridad y a la defensa de los países, como el narcotráfico o el terrorismo), se lanzaron iniciativas como los operativos Fortín I y II y “Escudo Norte”, que autorizaban el empleo de recursos logísticos militares en la vigilancia de fronteras. Al mismo tiempo, los operativos “Protección Integral de Barrios”, “Centinela” y “Cinturón Sur”, inauguraron el uso de fuerzas intermedias (policías militarizadas) para el control de barrios populares. Estas políticas, inauguraron un peligroso resquicio que continuó ensanchándose con llegada de Cambiemos al gobierno a través el decreto 228/16. Dicho decreto de “Emergencia en Seguridad”, autorizaba a las fuerzas armadas a derribar aeronaves sin identificación, legalizando de hecho la pena de muerte sin juicio previo.

La literatura disponible deja claro que, en todos los países de la región en la que los militares tomaron parte en la gestión de los conflictos internos (Colombia, Brasil y México, principalmente), el resultado fue un agravamiento de la violencia, las violaciones a los derechos humanos y muertes. Así también, gran cantidad de casos documentados demuestran gravísimos niveles de corrupción y connivencia de las instituciones militares con las redes criminales que se suponía debían combatir. Hoy, que la avanzada en nuestro país es clara y contundente en este sentido, llamamos a las organizaciones sociales a estar alerta ante esta situación que, de consumarse, sentaría uno de los retrocesos institucionales más grave desde la consolidación de nuestro sistema democrático.

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La dimensión política e histórica de la tortura. Registro de casos: propuestas, alcances y limitaciones

El lunes 14 de mayo se realizó en Santa Fe el Seminario “La dimensión política e histórica de la tortura. Registro de casos: propuestas, alcances y limitaciones”. El mismo estuvo a cargo de Alcira Daroqui, Ana Laura López y Jimena Andersen del GESPyDH y fue organizado por el Servicio Público Provincial de Defensa Penal. Compartimos fotos de la Jornada.

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VIERNES 20 de ABRIL

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A 42 AÑOS DEL GOLPE GENOCIDA

COMUNICADO DEL GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE SISTEMA PENAL Y DERECHOS HUMANOS (GESPyDH)

24 de Marzo de 2018

 Impunidad a los genocidas: una política de Estado del Gobierno de Macri.

Los actos perversos del Sr. Ministro

El señor Ministro de Justicia Garavano, promotor de la baja de edad de imputabilidad y legitimador de la pena de muerte sumaria y extrajudicial de presuntos delincuentes a manos de la policía ha pergeñado una nueva iniciativa: liberar a los genocidas de la dictadura utilizando como rehenes de intercambio a los/as presos/as pobres apilados en las cárceles. No se puede interpretar de otro modo una lista de candidatos a medidas alternativas a la prisión que iguala, por ejemplo, a una mujer embarazada que cumple una pena corta por un delito no violento con el genocida mundialmente famoso: Alfredo Astiz. Los que legitiman esta política de Estado, política de impunidad y no de derechos, tal como la Señora Graciela Fernández Meijide, entre otros, igualan estas dos situaciones en el derecho que asiste a unos y a otros. A estas personas hay que recordarles que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles porque son de acción continua. Sin duda, discursos “perversos” que avalan acciones perversas.  Cada día que estos delincuentes genocidas mantienen su silencio sobre el paradero de los desaparecidos y de los niños que les robaron, esas personas vuelven a ser secuestradas por más que sus verdugos estén presos. La igualación que realiza el Señor Ministro como si se tratara de cuestiones de técnica criminológica penitenciaria desprovista de toda intencionalidad política es un acto perverso mayúsculo. Sólo para contrastar, en Alemania recientemente murió en un hospital, a los 96 años, el nazi de las SS Oskar Gröning, el contador de Auschwitz, quien se encontraba encarcelado desde el año 2015, fue detenido y juzgado a los 92 años por ser partícipe necesario de los asesinatos cometidos en aquel campo de concentración.

La propuesta del Señor Ministro tiene como excusa la sobrepoblación carcelaria en el ámbito del Servicio Penitenciario Federal, un hecho irrefutable que viene siendo denunciado hace años por distintos organismos de derechos humanos. Organismos de derechos humanos y de control que pueden acercar propuestas acerca de los colectivos que deberían ser incluidos en listados de acceso a penas alternativas: mujeres embarazadas, mujeres con hijos pequeños, varones y mujeres jóvenes adultos/as, varones y mujeres con discapacidad, enfermos terminales, imputados de delitos de insignificancias, por drogas o contra la propiedad sin ejercicio de violencia, de estos colectivos está colmadas las cárceles federales, algunos procesados otros condenados y condenadas a penas de 6 meses, 1 año o 3 años. Todo indica que con contención y asistencia social brindada por el Estado deberían “gozar” de esas medidas alternativas.

Esta sobrepoblación no está siendo producida por la cantidad de genocidas encarcelados. Estos apenas llegan a 235 en el Servicio Penitenciario Federal según lo informa en su propio sitio de internet. (No es una novedad que buena parte -de los ya de por sí pocos genocidas juzgados- cumplen las penas en sus casas). Ninguno de estos detenidos genocidas en cárceles federales a cargo del Sr. Ministro viven en las condiciones degradantes en las que están la mayoría de los presos y presas, por el contrario aunque estén en cárcel común, nada tienen en común con la vida de los miles de presos y presas pobres de toda pobreza: hambreados, encerrados durante horas en celdas de 2 por 1 metros,  obligados a comer y dormir con sus excrementos y orines, sin atención médica, en cárceles a miles de kilómetros de sus familias, golpeados, maltratados y degradados.

No Señor Ministro, no son los delincuentes genocidas los que hacen rebalsar las cárceles de presos, no hay ninguna necesidad de postularlos para penas alternativas. Plantear las cosas en esos términos es otro acto perverso.

Durante el año 2017 su gobierno propuso y sancionó, buena parte de la oposición lo acompañó, dos leyes que harán rebalsar las cárceles una y otra vez: la reforma de la ley de ejecución de la pena, que limita el acceso de la mayoría de los presos a la libertad condicional, y la ley de flagrancia, que acelera los tiempos procesales y permite la producción de condenas en serie. O sea una ley que retiene personas en las cárceles y otra que le provee prontamente de nuevos detenidos y detenidas. Señor Ministro no se puede ser punitivista y humanitario a la vez, la sola inclusión de los genocidas en esas listas desnuda la hipocresía de sus propósitos y otra vez, se presenta como un acto perverso.

Según datos del propio Servicio Penitenciario Federal hay más de 700 presos y presas cumpliendo penas de menos de tres años, la proporción de presos/as condenados que cumplen estas penas cortas viene creciendo sostenidamente desde al menos 5 años pero en los últimos dos se duplicó. Detenidos por hurtos y robos, generalmente en grado de tentativa, cometidos sin violencia, por tenencia de drogas, se trata de personas en situación de calle, adictos que roban o venden drogas al menudeo, ladrones ocasionales con penas alternativas declarados en rebeldía por no cumplir con formalidades judiciales, enfermos siquiátricos que los hospitales expulsan, son algunas de las historias de estos pobres entre los pobres, para estas personas: la cárcel. La cárcel más dura, la más difícil de sobrellevar, la miseria los ha dejado sin familia, sin amigos, solos en la peor de las cárceles, sin nadie que les acerque un alimento para soportar el hambre por la escasa comida que les da el penal, sin asistencia médica, sin remedios, sin nadie que les provea la ropa o la manta que no les da la cárcel, a oscuras porque nadie les puede comprar una lamparita, denigrados y degradados;  violentados y  maltratados.

Estos 700 presos y presas pobres, que no han robado niños, que no han desaparecido personas, que no han torturado ni violado, súmelos a la lista de candidatos para penas alternativas, propóngales a los jueces que les eviten la cárcel y provéales de ayuda social. Y saque tranquilo a los genocidas de su lista, porque de todos modos le va a sobrar lugar en las cárceles, para ellos y para los que están penando en sus casas.

Incluso podrá cerrar alguna cárcel sin necesidad de construir nuevas y que los empresarios hagan negocios construyendo escuelas y hospitales, y de paso evítenos a todos y todas, el oprobio de ver salir a los genocidas por las calles manteniendo su pacto mafioso de silencio.

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lineaCompartimos y hacemos propio el posicionamiento de diversas organizaciones sociales y de derechos humanos: la única casa para un genocida es la cárcel.

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COMUNICADO PÚBLICO DEL GESPYDH:  

LA REPRESIÓN, MATA. NO A LA PENA DE MUERTE.

                          Marzo 2018                                                     

Desde el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) expresamos, una vez más, que el Estado mata y lo hace construyendo su propia impunidad. El caso de Santiago Maldonado es un claro ejemplo, un accionar represivo desplegado por la Gendarmería y dispuesto por una orden judicial es lo que causa su muerte. La persecución, aún en predios no autorizados para el ingreso de la Gendarmería, fue la clave para que esta muerte sea una clara consecuencia del accionar represivo del estado. El gobierno tiene la obligación de no ejercer niveles de violencia que impliquen posibles consecuencias letales contra la ciudadanía, y más aún, en el marco de la protesta social. Pero quizás el caso Maldonado no terminaba de dar cuenta de los alcances -aunque el discurso de la Ministra Bullrich no dejaba dudas- de la decisión gubernamental de matar a quienes enfrenten a las fuerzas de seguridad, aún en el marco de estrategias defensivas ante las acciones represivas.

El homicidio de Rafael Nahuel por agentes de Prefectura Naval fue el caso que confirma que las fuerzas de seguridad están legitimadas para matar, y que ello es parte de una política de Estado del presidente Macri, que ejecuta su Ministra de Seguridad. Matar por la espalda, un homicidio cobarde que suele ser, además de castigado con el máximo de las penas, “sancionado moralmente” cuando es entre “delincuentes” pero sin embargo se “celebra como un acto de heroísmo” cuando lo ejerce un agente de cualquier fuerza de seguridad contra una persona claramente indefensa.

Esta doble vara quedó evidenciada en el caso del joven Juan Pablo Kukoc, quien fue asesinado una vez que ya estaba neutralizado, y que a posteriori de su muerte fue revictimizado a través de un último acto de irrefutable violencia simbólica, cuando el Presidente de la Nación recibió al policía local de Avellaneda Luis Chocobar, ejecutor del acto material de la muerte mediante un tiro por la espalda. Juan Pablo Kukoc portaba un cuchillo, y para el momento de la ejecución ya había sido neutralizado por los vecinos. No se trató de un “enfrentamiento”, se trató de una ejecución. El Estado, y sus “ocupantes” en los puestos de gobierno tienen la responsabilidad política y el deber constitucional de instrumentar estrategias que contrarresten situaciones de violencia en el marco del delito, pero que apunten a “recuperar”, “resocializar”, “reeducar” o “rehabilitar”. En el caso de Kukoc, el Estado fracasó en las oportunidades en que éste había estado privado de libertad en institutos de “menores”.

Sin embargo, este “fracaso” no es un pasaporte hacia la ejecución, no lo habilita a matar. El oficial Chocobar se queja de haber sido imputado y procesado por homicidio agravado por la utilización de un arma de fuego en exceso en el cumplimiento de un deber; debería agradecerle a ese juez que no lo imputó solo por homicidio simple porque el exceso en el cumplimiento de su deber no debería encuadrarse en una persecución y tiro por la espalda mientras la víctima corría hacia adelante y portaba un cuchillo, con remate cuando ya estaba reducido, ¿eso es un exceso en el cumplimiento de su deber?. Chocobar y Macri no deberían reprocharle nada al juez, lo hechos hablan por sí solos.

Y más aún, después de ratificada la imputación y el procesamiento por la Cámara de Apelaciones, el presidente Macri vuelve a cargar contra la “justicia” y los camaristas, y lo hace amparándose en su calidad de “simple ciudadano”, sensibilizado por la inseguridad. Este acto de demanda de impunidad por parte del Presidente, en definitiva no es más que otra provocación que desnuda la voluntad de demagogia punitiva claramente promovida desde gran parte de la “clase” política.

Y en esta línea de cumplimiento con las ejecuciones sumarias, la “orden de fuego” fue para un oficial del Grupo GEO que también ejecutó por la espalda a un adolescente, Fabián Exequiel Enrique, de dos tiros a falta de uno, con el “argumento” que le había querido robar el celular. Aun confiriendo verosimilitud a la versión policial, debe sorprender su desproporción: el bien jurídico celular (cosa) nunca puede equiparar el valor del bien jurídico vida. El oficial del grupo GEO -del cual no ha trascendido el nombre a través de los medios de comunicación- es un agente estatal con una (¿teórica?) formación profesional que le suministra herramientas y conocimiento de cómo proceder, conociendo qué acciones son posibles de ser realizadas en el marco de la ley, y cuáles no. Sin embargo, asesinó a Fabián Exequiel Enrique por la espalda y con dos tiros. Como agravante, no existen testigos que puedan corroborar la versión policial. A falta de elementos, se revictimiza a la víctima, se enumeran sus antecedentes y los atributos de una “mala vida”, aun cuando se aclara que al momento de su asesinato estaba desarmado.

A estas y tantas otras, se suma la de ese niño de 12 años, Facundo Ferreira, asesinado en un supuesto enfrentamiento con un tiro en la nuca por personal de la policía de la provincia de Tucumán: por la nuca, si, una vez más, por la espalada. A su compañero, que salvó la vida, le rozó una bala en la cabeza, otra bala destinada a matar. Parece que la propuesta de abordaje del Estado nacional y, en este caso, el provincial, para niños de tan solo 12 años, problemáticos e incluso etiquetados de “violentos”, es matarlos. Ningún funcionario nacional condenó este hecho, ni siquiera “reflexionó” sobre la situación de la infancia marcada por la violencia de la desigualdad y la ausencia y/o deficiencia de políticas sociales de “inclusión” social y sus “consecuencias”.

El homicidio policial es celebrado como “combate contra la inseguridad” y los tiros por la espalda como heroísmo. Ese es el “cambio de doctrina del Presidente Macri” que protege a las fuerzas de seguridad, legitimando una pena de muerte policial.

Matan, por la espalda, los respalda el Presidente, la Ministra, el Jefe de Gabinete y tantos otros integrantes del gobierno. Y después, una vez allanadas las condiciones de enunciación, aparece el asesor presidencial Duran Barba diciendo “nuestras encuestas dicen que la mayoría de la gente pide la pena de muerte”[1];  “nuestras encuestas dicen que la mayoría de la gente pide la pena de muerte”… ¿Qué encuestas Señor Barba? ¿Cuándo las mandó a hacer? ¿Por qué? ¿Para qué?: para después de matar decir que es “lo que la gente quiere”. La mayoría de nosotras y nosotros estamos formados en sociología, nos interesan esas encuestas, sus resultados, las muestras utilizadas, la validez, la representación, dónde las aplicó y sobre todo conocer a los profesionales que las diseñaron, aplicaron y luego analizaron, obteniendo esa información. Solamente así podemos validar -o invalidar- los resultados. Todas las encuestas realizadas hasta el presente han dado resultados bien diferentes[2], diferenciando la demanda de seguridad de la demanda de punición y poniendo en duda el “consenso punitivo”.

Los invitamos a ellos y a “su encuesta” y porque no, a usted también, a debatir sobre la pena de muerte y sobre su encuesta, ponemos a disposición nuestra unidad académica, la Faculta de Ciencias Sociales de la UBA, en un aula, en el auditorio, donde usted y sus profesionales se sientan más cómodos, esperamos que participen de esta invitación, sería un buen ejercicio democrático dar explicaciones técnicas y políticas acerca de un discurso que legitimó los homicidios policiales apelando a “lo que la gente quiere”: la pena de muerte.

Y nada termina en estas muertes, a este listado debe añadirse la del joven Emanuel Garay, que aspiraba a integrar la fuerza policial en la provincia de La Rioja, a quien lo matan otros policías en el contexto de la “instrucción” policial. La formación policial, todo un tema a debatir: mientras los “profesionales progresistas de la seguridad” dictan cursos en las aulas a policías para que sean democráticos y respetuosos de los derechos humanos, en la instrucción propiamente policial los hombres de uniforme les “enseñan” a degradar, odiar, torturar y matar utilizando para ello el cuerpo y el ‘alma’ de sus cadetes. Así forman a “nuestra policía”: resentidos, despiadados y crueles, estos atributos conducen a la violencia descarnada, no al “heroísmo”.

La represión mata, lo saben tantos luchadores sociales, lo saben Santiago Maldonado y Rafael Nahuel y la pena de muerte tiene un nombre claro: homicidios policiales, lo saben tantos y tantos, lo saben Juan Pablo Kukoc, Fabian Exequiel Enrique y Emanuel Garay, entre otros.

Contra la represión estatal, contra las ejecuciones sumarias de la policía, no a la pena de muerte policial.

Contra la represión y la pena de muerte, siempre.

[1] https://www.lanacion.com.ar/2107094-jaime-duran-barba-la-inmensa-mayoria-de-la-gente-quiere-la-pena-de-muerte

[2] Al respecto, véase http://observatoriojovenesiigg.sociales.uba.ar/2018/02/10/pena-de-muerte-no-se-puede-ni-conviene-ni-se-quiere/. Encuestas Gallup-Argentina 1999-2009, encuesta Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (COPUB), 2015-2017 y Encuestas de Victimización.

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4 de Enero de 2018

El GESPyDH se pone a disposición de todos y cada uno de los integrantes del Comité Nacional contra la Tortura recientemente constituido, ofertando distintos cursos de capacitación sobre la cuestión carcelaria y la violación de Derechos Humanos en la Argentina.

http://www.telam.com.ar/notas/201801/236850-se-constituyo-el-comite-nacional-contra-la-tortura.html

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NOVEDADES 2017

21 de diciembre

Presentamos una comunicación del GESPyDH en el marco de la elaboración del número 2 de la publicación Tinta Roja sobre estadísticas carcelarias.

“El punitivismo “ocultado”: sobre los datos oficiales de encarcelamiento en la argentina para el años 2016 y su evolución durante 2017”

ACCEDER AL DOCUMENTO.

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Se realizó la presentación del 6to Informe Anual del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos

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Buenos Aires, 15 de diciembre de 2017

 [GACETILLA]

El lunes 11 de diciembre se llevó a cabo la presentación del sexto Informe Anual del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (RNCT) en el Instituto de Investigaciones Gino Germani.

La presentación del Informe Anual contó con la participación de Martín Unzué, integrante del Comité Académico del Instituto de Investigaciones Gino Germani (IIGG), del Secretario Coordinador de la Mesa Ejecutiva de la Comisión Provincial por la Memoria, Dr. Roberto Cipriano; el Procurador Penitenciario de la Nación, Dr. Francisco Mugnolo; la Coordinadora del GESPyDH y Directora del Departamento de Investigaciones de la PPN, Alcira Daroqui.

Las primeras palabras estuvieron a cargo del Dr. Martin Unzue, quien señaló que “nos enorgullece el cruce entre lo académico, la investigación y el compromiso político con los derechos humanos”. Destacó que “es muy importante que podamos dar cuenta de la violación sistemática a los derechos humanos que acontece diariamente, y que la universidad pueda tener una voz en ese espacio conjunto con la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). Este es un trabajo fundamental que debe continuar.”

Por su parte, Roberto Cipriano relató que el Registro Nacional comenzó en el año 2010, y que “7 años después está vivo, y cada vez más vivo, y cada vez es más importante y más trascendente la labor que lleva a cabo”. Expresó que “este registro vino de alguna manera a instalar algo que venía siendo una demanda de los organismos internacionales de derechos humanos sobre la argentina que era crear un registro nacional de casos de tortura”. Asimismo, señaló que “lo que hicimos con este registro fue instalar y dar una discusión sobre cómo debíamos conceptualizar la tortura y qué debía ser la tortura”.

En su exposición el Procurador Penitenciario realizó un recorrido histórico narrando los comienzos del Registro y el acuerdo interinstitucional con la Comisión Provincial por la Memoria y el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Destacó la rigurosidad del trabajo realizado, señalando que el reconocimiento de su validez se ha ido consolidando sus 7 años de funcionamiento, tanto a nivel nacional como internacional. Asimismo, subrayó el aporte del Registro en la intervención judicial, mencionando que el primer fallo a nivel federal que consideró la violación de los derechos de un detenido como tortura, entre otros fundamentos, recurrió al registro nacional. Finalmente, manifestó que el RNCT pertenece en términos institucionales a la PPN, la CPM y el IIGG, que se constituirá en un punto de inflexión en el futuro, y que hay que seguir trabajando en el mismo.

Para cerrar el panel, Alcira Daroqui –en representación del GESPyDH– manifestó que el RNCT parte desde “un concepto de tortura muy amplio porque justamente lo que planteamos es la violación de derechos humanos en forma sistemática, regular y generalizada”. Expresó que “el registro no es un contadero de casos, sino que se ha constituido en un analizador de la cárcel”. Destacó la importancia de que los resultados del Registro sean públicos y finalmente explicitó la voluntad del GESPyDH de seguir produciendo información y conocimiento sobre estos temas. Dicha producción tiene el objetivo claro de incidir en términos políticos, incidir en las resoluciones judiciales y, en términos amplios, en la interpelación a la violación de los derechos humanos del presente.

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Seminario Acerca del crecimiento de la población carcelaria, el juicio abreviado, el procedimiento de flagrancia y la reforma de la ley 24.660, organizado por el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH)

ACCEDER AL DOCUMENTO

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2017

[GACETILLA]

El viernes 1 de diciembre se realizó en el Instituto de Investigaciones Gino Germani el Seminario Acerca del crecimiento de la población carcelaria, el juicio abreviado, el procedimiento de flagrancia y la reforma de la ley 24.660, organizado por el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH).

Con el objetivo de compartir información y lecturas conceptuales desde una perspectiva crítica, el mismo giró en torno a la discusión del documento de trabajo: “La política de encarcelamiento en Argentina. Crecimiento, circulación, retención y distribución de las personas encarceladas desde el 2013 hasta el presente” presentado por Alcira Daroqui y Carlos Motto.

El seminario se constituyó en un espacio de intercambio interdisciplinario del que participaron diferentes actores del ámbito judicial y académico. Entre los participantes estuvieron Pablo Vacani (defensor oficial de la Provincia de Buenos Aires, profesor de la Facultad de Derecho/UBA), Diego Luna (prosecretario de la defensa oficial de la Ciudad de Buenos Aires, profesor de la Facultad de Derecho/UBA), Vilma Bisceglia (jueza de ejecución penal de la ciudad de Buenos Aires, profesora de la Facultad de Derecho/UBA), Jorge Nuñez (historiador, investigador del CONICET) y Ariel Lede (sociólogo, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria).

Este es el primer encuentro de una serie que el GESPyDH realizará en torno a las mismas temáticas en el año 2018. El objetivo de estos encuentros será generar herramientas conceptuales para abordar las readpaciones estratégicas del sistema penal en su conjunto, en todas sus agencias. En términos generales el propósito es  incidir en el ámbito público sobre la tensión entre el sistema penal y los derechos humanos del presente, y específicamente, producir conocimiento e información como aportes a propuestas legislativas e intervenciones políticas.

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Este informe realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación, publicado en el diario La Nación que cita como fuente a la agencia TELAM, en relación al ida de la violencia contra la mujer destaca lo siguiente:

Hubo 47 casos de tortura contra mujeres detenidas en el primer semestre

Así reportó la Procuración Penitenciaria de la Nación

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017 •

El primer semestre de 2017 registró 47 casos de tortura y malos tratos “perpetrados por el Servicio Penitenciario Federal contra mujeres y personas trans detenidas”, reportó la Procuración Penitenciaria de la Nación, en la jornada que se conmemora el Día Internacional de Erradicación de la Violencia contra la Mujer.

“Son mujeres criminalizadas de manera desproporcionada por delitos vinculados a redes trasnacionales de droga, trata y explotación, cuyo rol como último eslabón dentro de la cadena resulta menor frente al reproche social y penal impuesto”, afirma el organismo.

La Procuración alentó a “fomentar el acceso a medidas alternativas a las penas privativas de la libertad, así como garantizar el cumplimiento de la ley de arresto domiciliario para mujeres embarazadas y/o con hijos e hijas a cargo, lo cual debe estar acompañado y apoyado sobre una política que permita el sustento económico de todo el grupo familiar”.

Agencia Télam.

Fuente: http://www.lanacion.com.ar/2085739-hubo-47-casos-de-tortura-contra-mujeres-detenidas-en-el-primer-semestre

El destacado es nuestro. linea

Presentamos una materia optativa (Sociología especial) de la carrera de Licenciatura en Sociología de la Universidad de Buenos Aires a cargo de tres integrantes del GESPyDH. Esta materia formará parte de la oferta académica de verano 2018.

Asignatura: Dispositivos de gobierno de la pobreza, su delimitación como objeto de investigación en sociología.

 Profesor Adjunto a cargo: Carlos Ernesto Motto

Jefa de Trabajos Prácticos: Ana Laura López

Ayudante de Primera: Ornela Calcagno

 Descargar programa AQUÍ.

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El Informe Anual 2016 del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos se encuentra disponible en el sitio del International Ombudsman Institute.

Acceder aquí: http://www.theioi.org/ioi-news/current-news/se-encuentra-disponible-el-informe-anual-2016-del-registro-nacional-de-casos-de-tortura-y-o-malos-tratos

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La izquierda diario

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) , la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y el Grupo de Estudios sobre sistema penal y Derechos Humanos (Gespydh) dieron a conocer su nueva publicación de informe anual que vienen realizando desde hace 6 años.

El informe comienza en su prologo dando una explicación del por qué se realizan estos estudios: ” Durante estos años la labor del Registro fueron varios y relevantes en el marco de la defensa de los derechos humanos de las personas que selectiva y discrecionalmente son capturadas por las distintas agencias del sistema penal”.

Además destaca que: ” Nos interesa destacar que este es el primer Registro de Malos Tratos y Tortura de alcance nacional al asociarse dos instituciones de monitoreo sobre la situación carcelaria y otros centros de detención, que reúnen bajo su órbita de incidencia territorial a más de la mitad de las personas privadas de libertad en la Argentina entre el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Justicia nacional) y las detenciones por orden de la Justicia federal en todo el país, cuya suma se eleva a más de 11.000 presos/as alojado/as en 35 cárceles del SPF, como parte de la jurisdicción que abarca la Procuración Penitenciaria de la Nación . Y la Comisión Provincial por la Memoria que aborda en el territorio bonaerense el monitoreo de la situación carcelaria y de otros centros de detención sobre un archipiélago institucional de 61 cárceles y alcaidías del SPB que alojan a más de 37 mil detenidos/as en cárceles y cerca de 3.100 en comisarías de policía”.

A su vez, también el informe agrega que: “Aporta herramientas y analizadores consistentes para la formulación y reformulación de las intervenciones institucionales en materia de litigio penal y administrativo, tanto individual y estructural, así como para la renovación y ajuste de las dimensiones de problematización de las prácticas penitenciarias y policiales que vulneran derechos humanos, a través de su adecuada identificación y descripción, ubicándolas en contexto y con su correlato histórico”.

Además sentencia: “Uno de los soportes de la impunidad en materia de torturas y malos tratos –la inacción del órgano judicial– tendrá acaso mayores dificultades para subestimar los hechos y negar su existencia y recurrencia. Porque no hay impunidad para la tortura penitenciaria y policial sin la acción u omisión como práctica judicial estructural que la posibilita”.

Resultados generales del registro en los ámbitos Federal y de la Provincia de Buenos Aires

El informe comienza con un breve relevamiento realizados por la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria durante el año 2016 registraron un total de 1953 víctimas de torturas y malos tratos que les permiten la individualización de un total de 6391 hechos de torturas y/o malos tratos en el ámbito carcelario.

Da cuenta que el trabajo de campo se realizó “en 18 unidades penales y 5 institutos de menores, de la Provincia de Buenos Aires. Y en 23 unidades penales del Servicio Penitenciario Federal, 2 alcaidías penitenciarias, cuatro comisarías de la Policía Federal Argentina, una comisaría de la Policía Metropolitana y un escuadrón de la Gendarmería Nacional en la Provincia de Jujuy. También se relevaron víctimas en otras 25 unidades federales y en unidades de servicios penitenciarios provinciales (Misiones, Córdoba y Mendoza)”.

En el ámbito bonaerense este relevamiento realizado por el Comité contra la Tortura (CCT) de la Comisión Provincial por la Memoria en campo aportó 257 víctimas en entrevistas y 62 por fichas de observación, a las cuales se incorporaron 254 casos a partir de la recuperación de la información volcada en la planilla de intervención en inspecciones y otros 115 por la reconstrucción de comunicaciones al CCT. Por su parte, del relevamiento de campo realizado por la Procuración Penitenciaria de la Nación en el ámbito federal y nacional, surgieron 313 casos por la aplicación de la Ficha de relevamiento (entrevistas) y 423 por la aplicación de fichas de observación, además se incorporó la información de 529 víctimas aportadas por el Procedimiento para la Investigación y Documentación de Casos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Caracterización de la población

Total de personas: 1953

El informe da cuenta que el principal foco de torturas y malos tratos se da a la juventud alojada en los distintos penales del país.

La siguiente tabla muestra los hechos descriptos por las víctimas distribuidos en los 11 tipos de tortura y/o malos tratos que releva este Registro. Cada frecuencia implica que la víctima sufrió por lo menos un hecho del tipo mencionado, aunque sin reflejar en este cuadro ni la cantidad ni la intensidad de las violencias ejercidas por los funcionarios públicos.

Como evidencia la tabla del informe realizado por los distintos organismos, en el año 2016 se entrevistaron 1953 víctimas que describieron 6391 hechos de tortura y malos tratos por parte de funcionarios estatales. En la distribución puede observarse cómo todos los tipos de malos tratos y torturas.

La información brindada es contundente: “La falta de elementos de primera necesidad como agua, iluminación, colchón y ropa de cama, elementos de higiene y limpieza, las pésimas condiciones de salubridad con presencia de cucarachas y ratas, el deterioro de las instalaciones y en particular de sanitarios, erigen a las condiciones de habitabilidad deficitarias como común denominador de la gestión de las cárceles federales y de la Provincia de Buenos Aires. No obstante esta predominancia, la práctica del aislamiento aparece en segundo lugar agrupando 1021 hechos descriptos, número que al desagregarse evidencia la diversificación de la aplicación de dicha práctica en las jurisdicciones de relevamiento. En tercer lugar, los 898 hechos descriptos de agresiones físicas marcan la persistencia de la regularidad y sistematicidad de la violencia física penitenciaria, a través de la reiteración de actos como la golpiza que suele combinar golpes de puño, patadas, palazos, y en ocasiones incluye otras modalidades de agresión como el uso de gas pimienta o lacrimógeno, el “criqueo/motoneta”, el “Plaf-plaf” , etc. Seguido de ello, la tabla muestra la falta o deficiente alimentación con 803 y la falta de asistencia a la salud con 748 hechos, dos prácticas penitenciarias que confluyen con las malas condiciones de detención en la gestión de la población encarcelada a través de la producción de daño psíquico y físico. Los tipos de malos tratos y torturas que se encuentran por debajo de estos guarismos registran absolutos entre los 395 y los 139 hechos descriptos, no menos representativos en tanto aluden a situaciones de violencia en convergencia con otras prácticas de malos tratos. Los funcionarios estatales en los servicios penitenciarios relevados, además de mantener condiciones degradantes de vida, encerrar/aislar dentro del encierro, agredir físicamente, produciendo hambre y desatendiendo la salud, impiden u obstaculizan los vínculos familiares, amenazan reforzando actos de violencia ya concretados generando sumisión e impunidad, requisan en forma vejatoria y humillante, roban y dañan las pertenencias de las personas detenidas, las trasladan en forma gravosa y/o constante”.

Criqueo/motoneta = Se llama así al acto de esposar violentamente a las personas detenidas, con los brazos atrás y levantados más allá de la cabeza.
Plaf – Plaf = Se trata de golpes simultáneos con las dos manos en ambos oídos.

Sobre este punto el informe concluye que: “Este abordaje permite profundizar el análisis de las prácticas de tortura y mal trato a partir de la identificación y descripción de una serie de características relevantes en cuanto al tipo, hechos, actos de violencias estatales, su regularidad y sistematicidad, las singularidades institucionales, las circunstancias, los actores, etc.”

Resultados del registro en el ámbito penitenciario federal a nivel nacional

Sobre este punto el informe dice: ” En virtud de la actividad desplegada por la PPN en sus 25 años de trayectoria y de las visitas periódicas realizadas a las cárceles, hemos podido detectar la ocurrencia sistemática de prácticas de torturas y malos tratos contra las personas privadas de su libertad por parte de funcionarios penitenciarios. Un gran número de personas presas en el ámbito federal manifiestan haber sido víctimas de malos tratos. Estos malos tratos y torturas se presentan de varias maneras, evidenciando distintas modalidades de gobierno y disciplinamiento por parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF). La exposición, descripción y publicación de estas prácticas penitenciarias violentas, que responden a estrategias de gobernabilidad institucionales, demuestran que la pena de prisión es y se despliega como pena corporal. Así, estos malos tratos se evidencian en las condiciones en que se produce el aislamiento individual-unicelular, en los procedimientos de requisa, en cuanto a la deficiente alimentación y la deficiente atención de la salud, en las amenazas, en los traslados, en los diferentes tipos de agresión física, etc”.

En el cuadro siguiente se distribuyen por unidad de relevamiento las fichas (cada una representa una víctima) que se realizaron en el trabajo de campo del Registro y las que se realizaron por medio del Procedimiento para la Investigación y Documentación de Casos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes durante el año 2016.

La otra fuente de información de casos de torturas, el Procedimiento para la Investigación y Documentación de Casos de Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes identificó 529 víctimas de agresiones físicas y otras malos tratos/torturas asociados .

Sumadas estas dos fuentes registran 1265 víctimas que nos permiten la individualización de un total de 3286 hechos de tortura y/o malos tratos.
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Caracterización de la población entrevistada

La distribución de las 1265 víctimas según género es la siguiente:

El promedio de edad de las víctimas es de 31 años. La distribución etaria ilustra que se trata de una población primordialmente joven, con casi 7 de cada 10 víctimas menores de 35 años:

Frecuencia de los distintos tipos de tortura y/o malos tratos

En el siguiente cuadro el informe desgrana los hechos padecidos por las 1265 víctimas entrevistadas según tipo de torturas y malos tratos:

Según el informe se puede observar que las malas condiciones materiales fueron el tipo de tortura que mayor cantidad de hechos registró para el año 2016, con 729 hechos descriptos (a diferencia del año anterior en el que las agresiones físicas ocupaban el primer lugar). A las malas condiciones materiales le siguen las agresiones físicas, con 622 hechos, dato que evidencia la persistencia de la violencia penitenciaria directa como herramienta privilegiada de gobierno al interior de las cárceles federales. Este tipo de tortura es seguido por el de aislamiento (447 hechos). Mención conjunta merecen la falta o deficiente alimentación (378 hechos) y la falta o deficiente asistencia a la salud (336 hechos), tipos de malos tratos y tortura que, suelen presentarse de manera combinada y que junto con las malas condiciones materiales constituye una las precarias y degradantes condiciones de vida que priman en las cárceles federales.

El incremento en el año 2016 de la frecuencia del tipo malas condiciones materiales de detención respecto del año anterior puede explicarse debido a la realización del trabajos de campo un mismo año de unidades penitenciarias tales como los Complejos Penitenciarios I de Ezeiza, II de Marcos Paz y Unidad 28 y Complejo CABA y en ellos, especialmente en los espacios de ingreso que registran un mayor agravamiento en las condiciones de detención como práctica penitenciaria sistemática en términos históricos. Entre otros indicadores se destacan: la estructura edilicia deteriorada, rotura de cañerías, celdas y pabellones inundados, otros sin agua, falta de agua caliente y deficiente funcionamiento de duchas, falta de vidrios en las ventanas, plagas de cucarachas y ratas, instalaciones eléctricas precarias y peligrosas.

Asimismo, se registró un falta de entrega de elementos de primera necesidad como focos (lamparitas) de luz, ropa de cama (sábanas, y especialmente mantas en invierno), de colchones y/o solo pedazos de goma espuma para acostarse, de utensilios para comer, de elementos de limpieza para la celda, de higiene personal. En casi todos los casos son provistos por los familiares de los detenidos o, en su defecto, deben ser comprados por éstos, siempre y cuando cuenten con trabajo o asistencia económica familiar.

Las personas que no cuentan con la asistencia familiar se encuentran en una situación de total despojo y precariedad, padeciendo frío, en la oscuridad, sin mudas de ropa, sin mantas, sin sábanas en algunos casos sin colchón o pedazos de goma espuma y sin poder higienizarse ni limpiar las celdas y debiendo comer con las manos.

En el cuadro siguiente del informe, se pueden ver las frecuencias de las distintas deficiencias materiales detectadas:

Si se presta atención a la segunda columna del cuadro se puede observar el porcentaje de víctimas que padecen cada uno de los tipos de deficiencias en las condiciones materiales registradas. Como puede apreciarse, el porcentaje total alcanza el 1161,5% de las personas entrevistadas. Esto significa que en promedio, cada víctima padeció más de 11 de estas deficiencias en las condiciones materiales de detención.

Los relatos que en adelante se transcriben en cuanto a las malas condiciones de detención en los diferentes espacios carcelarios, ilustran una vez más la violación sistemática de derechos humanos a partir de la producción de sometimiento a la degradación y la precariedad de miles de personas detenidas en el ámbito federal nacional.

Relatos:

- “Hace un año que estoy alojado en los pabellones colectivos, primero el D y ahora en el C, estamos hacinados. Nos morimos de frío, no anda la calefacción. En el verano es insoportable el calor. Se llena de moscas por la basura y de mosquitos. Siempre está lleno de cucarachas. La basura está todo el día y toda la noche [en el pabellón], la sacan a la mañana. No nos dan para limpiar, sólo un bidón [de lavandina] cada tanto rebajado. Como trabajamos, algo compramos pero está siempre sucio. Hay ratas también. Los colchones son un pedazo de goma espuma. [Agua caliente] a veces no hay” (Unidad 16 – Pabellón C)

 - “No hay mucha luz. Tenemos que pasar dos cables finitos porque no hay conexión en la celda. Si te agarra eso, no hay térmica que salte ¡quedás pegado! Los colchones están todos para cambiar, porque acá los colchones se prenden fuego, señorita. Las cucarachas son nuestras, una compañera más del pabellón, y los ratones son así [hace un gesto abriendo ampliamente las manos]. El ratón acá se come al gato. Tengo una muleta que uso como secador, la lavandina que nos dan es más agua que lavandina, medio botellón de 5 litros, dos baldeadas nada más, el pabellón es re grande, no alcanza” (CPF I – Módulo III Pabellón A).

Relatos de las malas condiciones materiales de detención en espacios de tránsito

- “Comemos con la mano ¿quiere algo más humillante? No tenemos nada, ahora está un poco más limpio porque el fin de semana hubo visita y varios trajeron lavandina y desodorante, y ayer, domingo a la tarde, le dimos con todo para sacar la mugre que había, pero hay olor a basura igual. Mi celda está destruida, todo roto, colchón, paredes, no tengo agua, no tiene vidrios la ventana, estoy a oscuras. Está lleno de ratas” (CPF II – Módulo III Pabellón 5).

 - “Al Pabellón 4 lo ven como de última, llega la sobra de todo. Nos dan poco para limpiar, cada uno compra algo. Me dieron un colchón finito y una silla que estaba rota cuando llegué. Yo les dije que no me podía sentar y me dijeron ‘llevala o ¿dónde te vas a sentar?’. Me dieron una manta, de esa tela blanca que no te podes tapar, no se puede usar, me hizo dar ronchas, me hace picar. No me la cambiaron, me prestaron una. Ratas nunca vi, pero hoy decían que había una muerta abajo de una cama” (Unidad 8 – Pabellón 4).

- “La celda es una porquería. No tengo vidrios, la tapo con trapos para que no entren las ratas, o las escucho y pego zapatillazos contra la ventana para que se vayan. Casi no tengo agua en el inodoro, cuando estoy con diarrea es un asco, no puedo dormir del olor. Tengo la mitad de un colchón, nunca me dieron mantas y sábanas, me trajo mi familia. No nos dan nada para limpiar. Con el agua caliente y la calefacción juegan, la apagan, la cierran, te lavás con agua fría con 8 grados de frío. Y lo peor es que estamos todo el día ‘engomados’ en el pabellón y no tenemos donde sentarnos, ni mesa para apoyar, ni cubiertos para comer, es una mierda todo. Yo hace tres meses que estoy acá, y por eso me llegan más cosas, igual acá no hay nada para nadie” (CPF II – Módulo III Pabellón 6)

Cambian los Gobiernos, las condiciones son las mismas

El informe prosigue con las condiciones totalmente inhumanas y degradantes para cualquier persona, detalla empíricamente cada acto de violencia por parte de los distintos Servicios Penitenciarios.

Todo esto se verá agravado por la modificación de la ley denominada “Ley de Sepultura”, la Ley 24.660 de ejecución de la pena votada tanto por el macrismo y el kirchnerismo donde con motivos totalmente nefastos se prohibirá las salidas transitorias haciendo que estas condiciones con el paso del tiempo sean mucho más gravosas.

En contra de punitivismo por parte del Estado y entendiendo la problemática de prisionización de los ultimos tiempos, los únicos que estuvieron en contra de esta nefasta Ley fue el Frente de Izquierda y el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).

La construcción de mas unidades penitenciarias no es más que un negociado del Estado, además le da más poder a los SP que se rigen por estatuariamente por una Ley de la dictadura, no de la ultima, si no, la de Lanusse.

Todo indica que parte del pueblo trabajador alojado en las unidades penitenciarias (el 60% sin condena) vivirán en peores condiciones gracias a las políticas de los distintos gobiernos y por ende el Estado, derramando su sangre y viviendo en “ghettos” de degradantes condiciones humanas, donde como en un relato dice “la rata mas chica se come al gato”.

Fuente: http://www.laizquierdadiario.com/Se-presento-el-informe-anual-de-Registro-Nacional-de-Torturas-y-o-Malos-Tratos-del-ano-2016

lineaSe encuentra disponible el Informe Anual 2016 del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos

RNCT 2016

Descargar aquí: Informe Anual RNCT 2016

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gendarmeria-nacional

En el año 2016 publicamos en la sección Malos tratos y/o torturas policiales en la ciudad autónoma de buenos aires, dentro del Informe Anual 2015 del Registro Nacional de Casos de Tortura, un apartado sobre la Gendarmería Nacional.

En este apartado se menciona, a modo de ilustración, que de acuerdo a los datos de la Procuradoría de la Violencia Institucional (PROCUVIN), en el año 2014 40 adolescentes denunciaron judicialmente malos tratos y tortura por parte de la Gendarmería Nacional en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Descargar el informe aquí: RNCT 2015-GENDARMERÍA

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Los/as invitamos a participar de la Mesa 85: Sistema penal y Derechos Humanos en las XII Jornadas de la Carrera de Sociología (UBA)

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XII Jornadas de la Carrera de Sociología (UBA)
Cronograma de la Mesa 85. 
Sistema Penal y Derechos Humanos

Jueves 24 de agosto de 2017 – Aula HU07
9 horas – Aula HU07
Apertura de Mesa

9,15 a 11,15 horas – Aula HU07
Bloque 1: Juventud y sistema penal

“Estudiar penitenciaria. La obra social, eso les encanta”
Analía Umpierrez – (Facultad de Ciencias Sociales. Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires)

El acceso real a bienes y prácticas culturales de jóvenes en contexto de encierro y el rol de los trabajadores
Mauro Testa – (IRAR)

Baja de edad de punibilidad, el diagnóstico inexistente: estadísticas e indicadores sobre la “cuestión penal juvenil”.
Ana Laura López – Carlos Ernesto Motto – (GESPyDH – IIGG – FSOC – UBA)

Juventudes en conflictividad y representaciones sobre peligrosidad
Carla Brunella De Luca – (Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP)

La baja de la edad mínima de punibilidad: Una propuesta regresiva originada en la criminología mediática y tomada por el populismo punitivo
Gonzalo López – (ALAMFP y ONAF)

11,15 a 12,30 horas– Aula HU07 
Bloque 2: Policiamiento territorial

Criminalización y diversidad sexual. Análisis de sentencias judiciales por tenencia de estupefacientes ante el fenómeno de “narcotravestis” en el Departamento Judicial de Mar del Plata (2015-2017)
Luciana Patiño Aráoz – (Universidad Nacional de Mar del Plata)

La detención por averiguación de identidad a la luz de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Notas sobre una política estatal que vulnera más derechos de los que protege.
Gonzalo Evangelista – (XUMEK)

Malos tratos y tortura por parte de policías y otras fuerzas de seguridad en territorio
Ornela Calcagno – Sofía Conti – Florencia Tellería – Karina Fuentes – Jimena Andersen – (GESPYDH, IIGG, UBA)

12,30 a 13,10 horas – Aula HU07
Actividad del GESPyDH: Estadísticas carcelarias

13,10 a 13,40 horas – Pasillos contiguos al Aula HU07
Intermedio

13,40 a 15 horas – Pasillos contiguos al Aula HU07
Bloque 3: Mujeres encarceladas

Gobernabilidad y afectos: violencias invisibles en el plano de los afectos en las mujeres presas.
Sandra Marina – (Facultad de Ciencias Sociales-UBA)

La situación de vulnerabilidad de las mujeres presas en argentina: análisis con perspectiva de género de la violencia institucional ejercida en nuestras cárceles
Ludmila Azcue – (Universidad Nacional de Mar del Plata)

Los lazos sexo – afectivos de las mujeres privadas de su libertad y los mecanismos de gobierno punitivo
Irma Colanzi – (CONICET)

15 a 16 horas – Pasillos contiguos al Aula HU07
Bloque 4: Gobierno penitenciario

El gobierno de la prisión: seguridad y tratamiento.
Franco Palermo

Las emergencias y las reformas penitenciarias en la reproducción institucional
María del Rosario Bouilly – María Jimena Andersen – (GESPyDH, IIGG, UBA)

El uso de los espacios de tránsito por parte del Servicio Penitenciario Federal
Hugo Motta – (GESPYDH, IIGG, FSOC, UBA)

16 a 17 horas – Pasillos contiguos al Aula HU07
Cierre de mesa: El registro de la tortura, debates conceptuales y metodológicos

Registro Nacional de Casos de Tortura – GESPyDH – Comisión Provincial por la Memoria – Procuración Penitenciaria de la Nación.
Alcira Daroqui – María del Rosario Bouilly – María Jimena Andersen – (Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos, IIGG, UBA)

Registro provincial de casos de torturas, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, malas prácticas policiales y demás afectaciones a los DD.HH. – informe anual año 2016 – 
María Lorena Negro – Ariel Peralta – Georgina Stizza – Leila Abdala – (Ministerio Público Provincial de la Defensa Penal de la provincia de Santa Fe)

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Los invitamos a nuestro próximo Desayuno de Coyuntura del Instituto de Investigaciones Gino Germani:

“Procesos de criminalización hacia los jóvenes. Análisis sobre nuevas embestidas punitivas y argumentos para NO bajar la edad de punibilidad”

Participarán como panelistas Ana Laura López y Silvia Guemureman del GESPyDH.

Los esperamos a todos y todas este Viernes 30 de Junio a las 10 hs. en el Aula 2, IIGG, Uriburu 950 Piso 6.

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Presentamos una nueva línea editorial del GESPyDH: Tinta Roja.

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Tinta Roja. Documentos críticos para el debate político sobre el sistema penal y los Derechos Humanos del presente es una nueva publicación del GESPyDH cuya propuesta es comunicar y difundir síntesis de resultados de investigación e información sistematizada y producida por nuestro equipo de trabajo. Información y conocimiento como aporte para el debate político con organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, sectores políticos y académicos comprometidos en la construcción de espacios de resistencia y de lucha contra el avance punitivo de Estado. Cuadernillos, folletos y postales serán los formatos de esta propuesta para construir una mirada crítica conjunta que no renuncie a las diferencias y que apunte siempre a una interpelación política fundada al orden social dominante, con un horizonte libertario, sin renunciamientos. Por eso, Tinta Roja

Descargar el N 1 aquí: TINTA ROJA_1 No a la baja

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20 de Mayo

Naciones Unidas destacó el trabajo del GESPyDH

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El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas (ONU) publicó sus conclusiones y recomendaciones finales sobre el quinto y sexto informe presentado por el Estado argentino en 2015.[1] El Comité se reunió para evaluar el informe oficial y contrastarlo con datos aportados por diferentes instituciones y organizaciones argentinas los días 26 y 27 de abril de 2017, cuando se evaluó el cumplimiento del Estado argentino de las obligaciones asumidas en relación a la Convención contra la Tortura.
 
Entre los puntos más relevantes, el Comité de Naciones Unidas destacó el diseño y puesta en marcha del Registro Nacional de Casos de Torturas, elaborado desde 2011 por el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto de Investigaciones Gino Germani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA), en conjunto con la Procuración Penitenciaria de la Nación y la Comisión Provincial por la Memoria.
 
Este reconocimiento ya había sido adelantado el 30 de abril por la Comisión Provincial por la Memoria que informó sobre los resultados de la audiencia desarrollada en Ginebra, de la que participaron representantes de ese organismo. En esa oportunidad la Comisión expresó que “(…) el CAT destacó la importancia del Registro Nacional de Casos de Tortura que la CPM creó junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPyDH y la necesidad de que el Estado lo tome como un buen antecedente y procure su fortalecimiento.”
 
Por su parte, el CAT, además de este punto, alertó al Estado argentino por la persistencia de la tortura en los lugares de encierro, las detenciones ilegales en las comisarías y en especial la violencia estatal desplegada sobre los jóvenes, la regresividad de las pretendidas reformas sobre la ley nacional de ejecución penal y también en materia de migrantes, entre los principales cuestionamientos.
 
El Estado argentino, a través del Secretario de Derechos Humanos, reconoció que el país carece de datos estadísticos confiables sobre esta materia y en especial las deficiencias del SNEEP (Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena).[2] Además, reconoció que existen prácticas de aislamiento en cárceles por fuera de los supuestos de la ley, dimensión que el RNCT incorporó como parte de las 11 variables en las que se expresa el fenómeno multidimensional de los malos tratos y/o torturas.
 
Durante la sesión del 27 de abril, uno de los expertos del Comité de la ONU, el mexicano Claude Heller Roussant, indicó al Estado argentino la necesidad de crear un Registro Nacional de Casos de Tortura, señalamiento que ya había sido enfatizado por el CAT desde 1997.  Ya en sus recomendaciones escritas, publicadas el 12 de mayo, el Comité insta al Estado argentino a “establecer un sistema eficaz de recopilación de datos estadísticos a nivel nacional” y reconoce como positiva la experiencia del Registro Nacional de Casos de Tortura creado hace 6 años por una iniciativa conjunta de la Comisión Provincial por la Memoria, la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani, FCS-UBA.  En sus recomendaciones, el CAT sostuvo:
 
“Registro nacional de casos de tortura y malos tratos: 31. Si bien nota el estado de emergencia administrativa del Sistema Estadístico Nacional, el Comité reitera su preocupación expresada en las observaciones finales anteriores (párr. 7 e), y formulada desde 1997, respecto a la falta de un registro que recopile información sobre los casos de tortura y malos tratos por parte de agentes estatales en todas las jurisdicciones del Estado, incluyendo información sobre las investigaciones y procesos judiciales que se hayan tramitado y sus resultados (arts. 12 y 13).
32. El Comité reitera su anterior recomendación (véase, párr. 7 e) e insta al Estado parte a establecer un sistema eficaz de recopilación de datos estadísticos a nivel nacional, que incluya las denuncias, las investigaciones, los procesamientos, los enjuiciamientos y las condenas relativas a casos de tortura o de malos tratos, y las medidas de reparación, en particular las indemnizaciones y la rehabilitación, de que se hayan beneficiado las víctimas. En la configuración de este sistema, el Estado parte debería beneficiarse de la labor de recolección de datos y registro de casos que ya realizan otras entidades, como la Procuración Penitenciaria de la Nación, la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires”.
 
En tanto representante de la universidad pública en un acuerdo interinstitucional con dos organismos de Derechos Humanos del país (CPM-PPN), el GESPyDH (IIGG, FSC, UBA) realizó el diseño conceptual y metodológico del referido Registro, y además realiza junto con las otras instituciones, el relevamiento en campo, sistematiza la información y desarrolla los análisis conceptuales correspondientes desde el año 2011  hasta la actualidad. El RNCT lleva publicados 5 informes anuales[3] y ha relevado un total de 5.753 víctimas de torturas y/o malos tratos en el ámbito de la jurisdicción nacional-federal (que reúnen 15.720 hechos) y 2.940 víctimas de torturas y/o malos tratos en el ámbito de la jurisdicción bonaerense (que reúnen 14.261 hechos), además de casos de violencia policial tanto en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, conformando desde 2014 un Registro autónomo de Casos de violencia policial como parte del RNCT.
 
El compromiso del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos-GESPyDH,  con la defensa de los derechos humanos a través de la producción de conocimiento crítico y de calidad en el marco de la universidad pública, ha sido reconocido por Naciones Unidas como uno de los aportes de relevancia en materia de torturas y malos tratos ejercidos sobre las personas atravesadas por el sistema penal. 

[1] Disponible en: http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/ARG/INT_CAT_COC_ARG_27464_S.pdf

[2] Para un análisis sobre la calidad de las estadísticas penales en Argentina véase el Informe de actualización estadística del Departamento de Investigaciones de la PPN. Disponible en: http://www.ppn.gov.ar/?q=El-Departamento-de-Investigaciones-de-la-PPN-presenta-el-informe-de-actualizaci%C3%B3n-estad%C3%ADstica-2016

[3] Estos informes pueden consultarse en línea: http://gespydhiigg.sociales.uba.ar/rnct/


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3 de Mayo

Desde el GESPyDH integramos, diseñamos y llevamos adelante el Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos desde el año 2010.

La ONU reconoció la existencia de la tortura en los lugares de encierro

LA CPM PARTICIPÓ EN LA 60 SESIÓN DEL COMITÉ CONTRA LA TORTURA DE LA ONU

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), participó de la 60 sesión del Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas (CAT)) en Ginebra donde presentó un informe muy crítico sobre el colapso del sistema carcelario y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos en la provincia de Buenos Aires. El gobierno argentino reconoció la grave situación de sobrepoblación y hacinamiento, la falta de criterios adecuados para determinar el cupo y la falta de información fiable sobre estas problemáticas. El CAT a su vez interpeló al Estado por la falta de implementación de Mecanismo Nacional y los Mecanismos locales de Prevención de la Tortura, entre otros, el de la provincia de Buenos Aires, donde está pendiente de sanción la ley que designa a la CPM como mecanismo local, y que cuenta con el apoyo unánime de los distintos bloques parlamentarios.

El informe presentado por la CPM se centró en 6 ejes: la implementación del Mecanismo Nacional y el reconocimiento de los mecanismo locales preexistentes (como es el caso del propio organismo), la sobrepoblación y el hacinamiento en cárceles y comisarías, la práctica sistemática de la tortura, las muertes en el encierro y por la intervención policial, las practicas policiales arbitrarias e ilegales y la situación de grupos particularmente vulnerables como niños, personas con padecimiento mental, migrantes, personas trans y mujeres.

Asimismo la CPM alertó sobre distintos proyectos de reformas que se encuentran en tratamiento a nivel nacional, en particular el de reforma de la le de Ejecución 24660 y el DNU 70/17 sobre migrantes. Tras la presentación del informe, la CPM recibió preguntas por parte de los integrantes del Comité vinculadas al planteo del organismo para ser reconocido legalmente como mecanismo local de prevención de la tortura, función que ya viene realizando. En ese sentido, se remarcó el trabajo sostenido como organismo de control y monitoreo de lugares de encierro desde el año 2004, que acumula más de 35 mil expedientes con denuncias y 1250 inspecciones.

El CAT alertó sobre la falta de implementación del Mecanismo Nacional y los Mecanismos locales, los altos índices de encarcelamiento, el uso de la prisión preventiva, la sobrepoblación y el hacinamiento. Asimismo señaló sobre la existencia de prácticas de tortura y otros tratos crueles cometidos tanto por agentes penitenciarios como por la policía. En este punto el CAT destacó que de la información aportada se desprende el uso de la tortura y otros tratos crueles como mecanismo de gobierno y control social, en particular de los jóvenes pobres. En especial transmitió preocupación por la falta o deficiente investigación de los casos de tortura, la protección a denunciantes, testigos y víctimas y la reparación de las mismas. También destacó las falencias del sistema de salud, la no implementación de la ley de salud mental, la sanción del DNU restringiendo derechos de los migrantes, la violencia hacia el colectivo trans y el proyecto de reforma de la Ley de ejecución.

Respecto a la situación en comisarías, el CAT alertó al estado sobre la inconveniencia de usarlas como lugares de detención permanente y citó el caso de la Comisaría Primera de Pergamino en la que murieron 7 personas detenidas y que fue informado por la CPM en su rol de patrocinante de familiares de las víctimas.

Por último, el CAT destaco la importancia del Registro Nacional de Casos de Tortura que la CPM creo junto a la Procuración Penitenciaria de la Nación y el GESPyDH y la necesidad de que el Estado lo tome como un buen antecedente y procure su fortalecimiento.

Además de su reconocimiento legal como mecanismo provincial, la CPM requirió otras medidas de implementación urgente por parte del Estado: evitar el sobre-encarcelamiento y el hacinamiento en lugares de detención, garantizar el acceso a la justicia de las víctimas para acabar con la impunidad en los casos de torturas, malos tratos y homicidios por parte de funcionarios públicos, evitar la detención de personas en comisarías, traspasar la asistencia sanitaria en lugares de encierro a la órbita del Ministerio de Salud, cesar con las detenciones policiales arbitrarias sin orden judicial, en particular respecto de los niños y garantizar las condiciones para la efectiva implementación de la ley 26.657 de salud mental y derogar el DNU 70/17 que restringe los derechos de los migrantes.

La respuesta del Estado argentino, se centró en el reconocimiento de la falta de datos sobre la problemática y sobre referencias genéricas e imprecisas sobre los cuestionamientos y preguntas de los miembros del CAT. Finalmente se reconoció el problema de la sobrepoblación y la falta de estándares respetuosos de los Derechos Humanos para definir el cupo en los lugares de detención.

Por último, los representantes de la delegación se refirieron a los avances en la implementación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. En ese sentido, los integrantes del Comité volvieron a exigir la creación de mecanismos locales de prevención de la tortura y el reconocimiento de los ya existentes. Esta postura de la ONU no hace más que fortalecer el reclamo de la CPM para ser reconocido legalmente como mecanismo provincial.

Fuente: Comisión Provincial por la Memoria.

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8 de Abril

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XII Jornadas de Sociología de la UBA

Eje 9: Sociología del poder, el conflicto y el cambio social

Mesa 85: Sistema penal y Derechos Humanos

PRESENTACIÓN DE RESÚMENES HASTA EL 21 DE ABRIL

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ACCEDER: http://jornadasdesociologia2017.sociales.uba.ar/altademesa/?acciones2=ver&id_mesa=85

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8 de Abril

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Política

OPINIÓN

Sobre la represión a Cartoneritos y la formación de policías en la UNLA

Cuando en 2014 comenzaron los cursos a las policías locales, advertimos acerca de los peligros de que la Universidad de Lanús legitime a las fuerzas de seguridad. A la vista de los acontecimientos, se hace necesario un debate con las corrientes que lo celebraron como un triunfo.

Belen Soria

Secretaría de Género de CESaCo (UNLa)

Sofía Salce

Consejera Superior del Departamento de Salud Comunitaria de la UNLa

Miércoles 5 de abril

La importante movilización del día de ayer, convocada por el MTE en repudio a la represión contra uno de sus comedores en Lanús, contó con la participación miles de personas de todo el arco político opositor al macrismo. Desde la Secretaría de Género y Diversidad del CESACO nos pusimos a disposición de las acciones que decidiera impulsar el MTE y desde el primer momento y expresamos nuestro repudio.

Es desde este lugar de solidaridad y con el objetivo de que paguen los responsables políticos y materiales de la represión que nos parece importante realizar un debate sobre el rol que vienen cumpliendo las llamadas “policías bravas” en los barrios de Lanús (y del Conurbano en general) no sólo desde que asumió la intendencia Néstor Grindetti del PRO, sino desde mucho antes.

Pareciera que muchos se están enterando ahora los atropellos permanentes que sufren los pibes en los barrios populares y salen con los tapones de punta a pedir la cabeza de Diego Kravetz, actual Secretario de Seguridad de Lanús pero otrora legislador del FPV. El operativo que él dirigió lo desarrollaron fuerzas de la policía local, que fundó el ex gobernador Daniel Scioli y que fueron su “caballito de batalla” durante la campaña electoral de 2015 donde no paró de hablar de mano dura y de fortalecimiento del aparato represivo. En Lanús, la intendencia PRO recibió con los brazos abiertos esta herencia del kirchnerismo.

Por eso son, cuanto menos, cínicas las palabras de Ezequiel Barrueco, referente del Movimiento Eva Perón y estudiante de la carrera de Trabajo Social de la UNLA, que dice que el accionar represivo de las policías locales ha “crecido durante este gobierno”. Lo decimos porque durante el kirchnerismo también se asesinaba a un pibe cada 28hs en los barrios y se reprimió la protesta social en innumerables luchas. No se puede hacernos creer que se vivía en el mejor de los mundos posibles y en dos años se ha descendido a “niveles preocupantes”. Sobre todo cuando los kirchneristas fueron los principales impulsores de fenomenales lavadas de cara de la fuerzas de seguridad. En nuestra Universidad se llegó al punto de darles cursos a esa misma policía que la semana pasada irrumpió a los tiros adentro de un comedor.

Esta capacitación a las policías locales se desarrolló en la UNLA de manera antidemocrática e inconsulta. Fue la rectora Ana Jaramillo quien decidió el comienzo de estos cursos, en común acuerdo con Daniel Scioli y el ex intendente Daniel Díaz Pérez, ambos dirigentes del Frente Para la Victoria. Esto no es menor, dado que el ingreso de las fuerzas de seguridad a las universidades públicas está prohibido por la Ley de Autonomía Universitaria, una ley que sólo había sido violada durante las dictaduras militares y que volvió a regir en nuestro país recién con el retorno de la democracia en 1983. El incumplimiento de dicha ley también se expresa en la injerencia del poder político (la gobernación y la municipalidad) en los contenidos educativos de la institución.

Los cursos de Derechos Humanos fueron inaugurados por el propio Daniel Scioli cuando todavía era gobernador de la provincia. El “plan de estudios” consiste en 19 materias orientadas hacia prácticas en la vía pública y al patrullaje ¿Será allí donde los uniformados aprendieron a tirar gas pimienta adentro de ollas de comida, a desparecer menores durante horas para finalmente largarlos en Quilmes después de fajarlos y sin dar aviso de su paradero a los familiares? Es destacable también que entre los mentores de los cursos se encontraba Ana Clement, ex Secretaria Académica de la UNLA. Dicho personaje fue parte del gabinete del Ministerio de Seguridad de la provincia en tiempos de Duhalde, en la época en que la Bonaerense asesinaba a Maximiliano Kosteki y a Darío Santillán. A cargo de personajes de esta talla fue encargado el contenido de la formación de la policía local.

Para nosotros no es solo un problema de la injerencia de los poderes políticos de turno en los contenidos que se dictan en las universidades, sino centralmente denunciamos que nuestra casa de estudios no podía ponerse al servicio de lavarle la cara a las fuerzas represivas. Un aparato intrínsecamente corrupto, que se financia con el robo y la trata de personas, que amedrenta a la juventud y la persigue, no va a refrenar su matriz represiva porque reciba un curso en derechos humanos. La ilusión de depurar a la policía mediante una educación mas estricta se estalla contra la realidad de un grupo de policías locales encerrando a unos pibes dentro de un patrullero y tirando gas pimienta adentro.

Ese nivel de sadismo emana de las impunidades inherentes al abuso de poder que impregnan a todas las fuerzas represivas. Celebrar como como avances en democratizar y humanizar a las fuerzas, decir que es preferible que se DDHH en la universidad que lugar de la Bucetich, que para combatir lo que es la policía el mejor lugar eran las universidades, que se dicten carreras como seguridad ciudadana y quieran hacer pesar la idea de “el servicio social” de la seguridad como victorias populares, como lo hizo la gestión kirchnerista de la UNLA, solo legitima esas fuerzas de cara a la sociedad. Tarde o temprano esa legitimidad alimentará la impunidad con que se manejan. Fue lo que vimos la semana pasada en Villa Caraza. Y que ya habíamos denunciado el rol de estos “graduados” cuando recientemente agredieron a un compañero estudiante de nuestra universidad.

Por eso pensamos que es necesario que los estudiantes renovemos nuestro repudio a las maniobras de las corrientes que retacean sus principios en función de si están o no con los pies adentro de la municipalidad. La pelea por el castigo a los responsables políticos y materiales de la represión tiene que ir acompañada adentro de la UNLA por la exigencia de que no utilicen nuestra universidad como barniz para sus instituciones corruptas y represivas.

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10 de marzo

Se encuentra disponible para descargar completo el libro:

Castigar y gobernar. Hacia una sociología de la cárcel. La gobernabilidad penitenciaria bonaerense

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27 de febrero

ALERTA – Declaración del OAJ y el GESPyDH ante el avance de la baja en la edad de imputabilidad

El Observatorio de Adolescentes y Jóvenes -OAJ y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos- GESPyDH  manifiestan rechazo por la falta de reconocimiento de los CONSENSOS ARRIBADOS en el marco de la Mesa 8-  DEFINICIÓN DE IMPUTABILIDAD DE LOS JÓVENES MENORES DE EDAD, realizada en Ministerio de Justicia el día  Jueves 23 de febrero de 2017. 

En el marco de la decisión del  gobierno de avanzar con la reforma del régimen penal de la minoridad,  se organizaron durante el mes de febrero en el Ministerio de Justicia ocho mesas temáticas que abordaron los diferentes aspectos que tiene que contemplar un futuro régimen de responsabilización penal juvenil. La Mesa 8 fue la última y la más concurrida de las previstas en el proceso de consulta. Hubo mucha demanda de inscripción.

Participaron especialistas en el área y especialmente actores judiciales de este campo. La mesa se realizó como la mayoría de las mesas, en el salón del piso 11 del Ministerio de Justicia y fue precedida y acompañada de una copiosa manifestación de organizaciones que se pronunciaron enfáticamente por el NO A LA BAJA.  Estuvieron los representantes de asociaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos  y promotores y adherentes a los colectivos de No a la Baja y Argentina no baja. La movilización y acto político duró varias horas bajo el tórrido calor de la tarde, se prolongó incluso algunas horas mientras transcurría la discusión en la Mesa.

El subsecretario de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Marín Casares, fue el coordinador de la Mesa y como tal, luego de pasar revista todo el proceso de discusión, describiendo los distintos tipos de reuniones realizadas con diferentes actores (jueces, fiscales y defensores, y legisladores y asesores legislativos), hizo un relato breve de los consensos arribados en las 7 Mesas de trabajo. Los consensos arribados fueron auspiciosos, y permiten pensar en que es posible avanzar en un genuino proceso de debate y construcción de un proyecto de responsabilización penal juvenil con altos estándares jurídicos.

Luego, explicitó la metodología de trabajo: el orden de expositores estaba prefijado y se había realizado en función del grado de participación en las reuniones y los aportes recibidos. Así, a mayor grado de participación, mejor orden de prelación en la posibilidad de hacer uso de la palabra. Para aquellos que solo asistían a esa reunión, se abrió la lista de oradores para que hablaran con posterioridad a la lista inicial. Los oradores anunciados podían hacer uso de la palabra o desistir y pasar de largo. En los casos de las representaciones institucionales, cuando había más de un inscripto, fue decisión de éstos multiplicar las exposiciones o concentrarlas en un solo orador. La metodología fue aceptada y se dio apertura a las exposiciones.

Aquí deviene importante hacer la distinción entre la imputabilidad y la punibilidad que además, era el primero de los ítems de la agenda solicitaba. La imputabilidad, en tanto concebida sea como susceptibilidad de reprochabilidad de un hecho delictivo a un supuesto autor, sea que se la conciba como capacidad de discernimiento, o capacidad de comprensión y orientación de las acciones con arreglo a fines, es bien distinta de la punibilidad, entendida esta sí como potestad o facultad del estado de fijar la edad a partir de la cual los sujetos son pasibles de recibir  sanciones en carácter de reproche a las acciones disvaliosas.  Situar el eje de la discusión en la edad de imputabilidad es bien distinto entonces, de fijar el hecho en la edad de punibilidad. En el primer caso, se alude a la capacidad de orientarse en la norma, y en tal sentido, se fija un piso a partir del cual se entiende que los sujetos están en condiciones de comprender la norma y dirigir sus acciones. En ese caso, inimputables son aquellos que por distintos causales (art. 34 º del CP)  no pudieron motivarse en la norma o no pudieron dirigir sus acciones.

Siguiendo este razonamiento,  es fácil deducir que “inimputable” no es lo mismo que “no punible”, aun cuando un “inimputable, puede ser no punible, pero no necesariamente un no punible debe ser “inimputable”, siguiendo los propios causales que nos brinda nuestro código penal.  Coextensivamente, entonces, cuando hablamos de NO BAJAR LA EDAD DE PUNIBILIDAD, LO QUE ESTAMOS RECLAMANDO ES QUE EL ESTADO NO SE ARROGUE LA FACULTAD DE IMPONER SANCIONES A UNA EDAD MÁS TEMPRANA SUSTENTADO EN UNA DECISIÓN DE POLÍTICA CRIMINAL.

Es importante aclarar esto porque son muchos los actores que se pronuncian en contra de la baja de edad de imputabilidad/punibilidad y que asimilan estos conceptos. De allí derivan confusiones. Es importante aclarar que no todos los actores que participamos en el debate y que estamos “en contra de la baja” sostenemos las mismas posturas. El NO A LA BAJA engloba  colectivos bien heterogéneos, muchos derivados de la asimilación entre punibilidad e imputabilidad.

Del lado del no a la baja de punibilidad, el espectro es más estrecho: la mayoría abona la tesitura de la decisión de política criminal, y en tal sentido, sostiene que siendo que el sistema penal fracasa conforme a sus objetivos declarados, es harto conveniente sustraer lo más posible a los sujetos del ingreso al sistema penal. Antes bien, aceitar los programas de prevención, las políticas públicas y las acciones tendientes a que los más chicos crezcan en condiciones de vida que los doten de perspectivas de desarrollo potencial, que esas perspectivas no aborten su potencia en acto, es decir que se potencien a través de acciones proactivas en forma de programas y políticas públicas dotados de presupuesto y condiciones de posibilidad. También la mayoría de estos actores advierte sobre el funcionamiento real del sistema penal, y las consecuencias del ingreso al mismo “un auténtico viaje de ida”. Y que como siempre son determinados sectores sociales y sus acciones “disvaliosas” la que el sistema penal persigue y ahora además pretende poder encerrar “legítimamente” a jóvenes de esos sectores a partir de los 14 años. Además, advierten sobre el carácter regresivo que implicaría bajar la edad cuando los estándares internacionales abogan en el sentido de subirla paulatinamente. Destacan a su vez que este fue uno de los aspectos que no fue observado por la CIDH  cuando sancionó al país por la aplicación de sentencias condenatorias a prisión perpetua a jóvenes que cumplieron delitos siendo menores de 18 años. Con estos argumentos, abrió la exposición el Dr. Damián Muñoz en representación de la Defensoría General de la Nación[1]. Los argumentos fueron contundentes y fueron referencia obligada de todos los que abonamos la tesitura de NO LA BAJA POR RAZONES DE POLÍTICA CRIMINAL.

De otro lado, entre quienes sostienen el no a la baja, están las posiciones vinculadas a una psicología del desarrollo, en las neurociencias, y en análisis de la biomedicina que fundamentan carencias y deficiencias que no hacen conveniente el descenso de la edad. Estas posiciones tienen algunos rasgos que las asemejan peligrosamente a las doctrinas del discernimiento. También, abonan la tesitura de no a la baja aquellos que sin abundar en explicaciones de tipo evolutivo, entienden que las condiciones deprivación y pobreza extrema son de por sí un argumento de peso para hacer a un lado al sistema penal como horizonte de posibilidad, y en cambio, proponer más estado social como forma de reparar y garantizar derechos.

De la mano de Nora Cortiñas en representación de las organizaciones sociales fueron los propios niños que se manifestaron en contra de la baja denunciando las cosas que les pasan.

En un lugar destacado, cabe mencionar aquellos que sostienen que bajar la edad no  solo no es   necesario, sino que además constituye un riesgo, amén de connotar el apuro y la premura del proceso de debate todo. Esta posición fue esgrimida por la representante de Unicef en Argentina, Florence Bauer quien alertó sobre el riesgo de una discusión apresurada y el tratamiento de edad como un factor aislado cuando no puede desconocerse el contexto.

Entre todas estas posiciones hay matices, claro está, pero en definitiva todos coinciden en que el sistema penal no pude arreglar las cosas. El sistema penal, desde el encierro punitivo a los controles en territorio, nunca restituye derechos, ni a los adultos ni a los más jóvenes, NUNCA.

Del otro lado, están aquellos que propician la baja de edad de imputabilidad/punibilidad. Aun siendo posiciones residuales, solamente 4 participantes se expidieron en ese sentido, es un desafío a la imaginación sociológica, jurídica y política  explicar los curiosos encuentros que se proponen entre quienes proponen bajar la edad de imputabilidad/punibilidad: De un lado los que se declaran “garantistas a ultranza”, y que aseveran  que los sujetos son punibles desde que nacen, habida cuenta de las cosas que les pueden pasar, y que entonces, meterlos en el sistema penal es dotarlos de garantías, para acotar el espectro de las cosas que les pueden pasar, como estar presos o privados de la libertad (no se explayan sobre las violencias punitivas estatales por parte de las fuerzas de seguridad, para eso, parece que no fueran un eficaz antídoto las garantías). Esta posición falazmente garantista propone el sistema penal como oposición a un sistema falsamente proteccionista y tutelar. Las garantías serían la llave maestra, que a lo que es vicio convierte en virtud. La exponente de esta posición fue la Doctora Laura Musa,  ex diputada y ex Asesora General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Ella compartió con todos el horror de la existencia de un menor no punible preso, pero el foco del horror lo ubicó en su carácter de no punible, no es su carácter de privado de libertad. El riesgo de esta posición es inducir a la errónea creencia de que bajando la edad y haciéndolo  punible “con garantías”, la gravedad de la privación de la libertad desaparece.  El discurso de las garantías que podría ser esgrimido con fervor republicano en una verdadera república, hace agua en un estado de derecho en el que se dan cuenta periódicamente de las violaciones de derechos humanos perpetradas por el estado en los espacios de encierro punitivo, vale en este sentido los 6 informes anuales registro nacional de casos de torturas. Un “estado de derecho” que justamente por ello recibe sanciones de organismos internacionales justamente por violar la observancia de tratados y convenciones de derechos humanos, de detenciones arbitrarias o de vejámenes, torturas y malos tratos. Las garantías no se cumplen ni para aquellos que ya están dentro del sistema penal, y de eso cualquier informe de los organismos de derechos humanos o de contralor puede dar acabada cuenta.  Estas posiciones “falazmente garantistas” se tocan con aquellas que emitidas desde la reacción victimológica, que proponen más sistema penal, más punición aún a sabiendas que el sistema penal no podrá reparar lo irreparable que es la pérdida de seres queridos. Esta posición fue expresada por la Doctora Diana Cohen Agrest quien sufrió la lamentable pérdida de un hijo a manos de un victimario que, nobleza obliga connotar NO ERA MENOR DE EDAD, ERA MAYOR DE EDAD Y PUNIBLE CON TODAS LAS GARANTÍAS. Es interesante connotar las posiciones de quienes están a favor de la baja: por una lado los “garantistas”, y por el otro lado “los justicieros”, que más que justicia, tienen sed de expiación, venganza y castigo, comprensible quizá, pero no admisible como parte y menos “argumento” para debatir sobre los límites y alcances punitivos del Estado.

En el medio, quedan los  NI NI, aquellos que no se expidieron taxativamente ni por la baja, ni a en contra de la baja. Poco queda para agregar sobre estas presentaciones que seguramente, fueron   “sutiles”  apoyos a la baja de edad, aun cuando no tuvieran la suficiente convicción debido a su poca consistencia argumentativa y su ambigüedad política que no les permite defender abiertamente esa posición. Solamente dos expositores quedaron en este rango de “indefinición”.

Al cierre de la jornada quedó claro para TODOS los participantes que los consensos arribados estaban a favor de avanzar en la discusión de un régimen de responsabilidad penal juvenil pero en contra de la baja de imputabilidad/punibilidad.   Incluso el experto internacional al que invitaron expresamente, el Dr. Miguel Cillero, acordó con el consenso y alentó a trabajar con más tiempo y deslizó su apreciación negativa sobre la reforma aplicada en Chile.

El comunicado de UNICEF fue elocuente al respecto[2], y en idéntico sentido aparecieron las primeras declaraciones reconociendo  por parte de los funcionarios del Ministerio de Justicia el estado de situación[3] y hasta el diario Clarín se hizo eco[4].

Sin embargo, en muy pocas horas,  el gobierno se rearticuló y subió la apuesta con estas  declaraciones:

“El Gobierno ratificó su proyecto para bajar la edad de imputabilidad”[5], y más tarde:

“Mauricio Macri anunciará su iniciativa para bajar la edad de imputabilidad el próximo miércoles”[6].

Es altamente preocupante que este  Gobierno no acepte los resultados de una consulta promovida desde el propio gobierno y en los que muchos participamos  para plantear posicionamientos con relación a una trayectoria de compromisos asumidos desde siempre con los derechos humanos que se traduce en acciones que pongan los  límites necesarios al avance de los populismos punitivos y de los “progresismos de derechas” en materia penal.

Es desvergonzado, y cínico por parte de los funcionarios del ministerio de justicia, en particular del propio Ministro Garavano,  convocar para promover consensos y luego desconocer los mismos,  logrados además por amplia mayoría. Una vez más, un profundo desprecio por lo mejor de la política: la discusión fundada, el debate, el respeto a las diferencias  y la construcción de consensos por mayoría.

Convocamos a todos los actores que se manifestaron en contra de la baja a repudiar la decisión de gobierno de presentar el proyecto de ley desconociendo los consensos y los resultados alcanzados en el marco del trabajo en las comisiones, así como también convocamos a todas las organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, sectores políticos,   académicos y profesionales a profundizar la lucha NO A LA BAJA

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[1] LA DEFENSORÍA GENERAL DE LA NACIÓN RECHAZA ENFÁTICAMENTE LA BAJA DE EDAD DE PUNIBILIDAD. Subdirección de Comunicación institucional. DGN. MPD., 24/02/2017

[2] Amplio consenso para no bajar la edad de imputabilidad en el nuevo Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, disponible en https://www.unicef.org/argentina/spanish/media_35638.html

[3] La baja en la edad de imputabilidad sumó algunos rechazos.

Especialistas que estuvieron el jueves en la última reunión de debate promovida por el Gobierno manifestaron sus reparos Sábado 25 de Febrero de 2017

http://www.infobae.com/politica/2017/02/25/el-gobierno-ya-no-buscara-bajar-la-edad-de-imputabilidad/

[4] Al final, el Gobierno no impulsará una baja en la edad de imputabilidad. Había anunciado que la fijaría en 14 años. Pero la comisión creada por el Ministerio de Justicia para debatir el régimen penal de menores lo rechazó. Era central, admitieron. 25/02/2017 – 01:01Clarin.com

[5] El Presidente hablará sobre la importancia de dar la discusión en su discurso ante la Asamblea Legislativa. http://www.infobae.com/politica/2017/02/25/el-gobierno-ratifico-su-proyecto-para-bajar-la-edad-de-imputabilidad/  Sábado 25 de Febrero de 2017

[6] Será uno de los ejes en su discurso en la Asamblea Legislativa. http://www.lanacion.com.ar/1987968-mauricio-macri-anunciara-la-baja-en-la-edad-de-imputabilidad-el-proximo-miercoles  SÁBADO 25 DE FEBRERO DE 2017

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Pre alas UNCUYO

CONVOCATORIA A LA PRESENTACIÓN DE RESÚMENES
Mesa Nº 4: Sistema Penal y Derechos Humanos

Terceras Jornadas de Sociología
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Cuyo
Pre-ALAS de la Provincia de Mendoza
“Ofensiva neoliberal en ‘Toda la piel de América’. El Estado en el centro del debate sociológico”.

Lugar y fecha de las jornadas: Mendoza, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales – U.N.Cuyo. 15 y 16 de junio de 2017.

Fecha límite para el envío de resúmenes: 17 de febrero de 2017.

Envío de resúmenes en: https://docs.google.com/…/16lBIYkehwiiiBdFkLuykmu…/viewform…

Los resúmenes tendrán un máximo de 300 palabras. Se aceptan hasta 4 autores/as por ponencia; en la ficha de inscripción deberán quedar registrados los nombre y apellido, pertenencia institucional y dirección de correo electrónico de cada uno de los autores/as. Esta información será publicada en las actas y programa del evento. La información adicional que se solicita es para uso interno de la organización y no será difundida por ningún medio. Se recomienda trabajar el resumen en un procesador de texto y luego copiar y pegar en la sección correspondiente, pero se advierte que el Formulario Google no admite gráficos, cuadros, notas al pie, por lo que se solicita evitar incorporar estos recursos.

Coordinadoras:
Alcira Daroqui
Jimena Andersen – jimena.andersen@gmail.com
Ana Laura López – ana4655@yahoo.com.ar

Fundamentación:
Esta mesa convoca a la presentación de trabajos que problematicen y promuevan un debate que construya pensamiento crítico desde la investigación social sobre distintos aspectos de la relación entre el sistema penal (policía-justicia-encierro) y los derechos humanos. La ampliación de políticas de policiamiento sobre los espacios urbanos degradados constituye una tendencia ya asentada entre las tecnologías de gobierno de la pobreza, combinada con el uso extendido y recurrente del encarcelamiento como dinámica de gestión punitiva de dichas poblaciones, en clave de administración y circulación del precariado por espacios punitivos de encierro. El avance de un Estado Penal especialmente orientado al control de la excedencia social es un rasgo distintivo del proyecto político que constituye el gobierno neoliberal de la pobreza y la inseguridad social. Los planes de “seguridad” (en sus versiones urbana, ciudadana o democrática) reducen el problema de la “inseguridad” al del delito callejero y los conflictos interpersonales urbanos, proponiendo soluciones orientadas a la saturación y yuxtaposición de fuerzas policiales en los territorios de máxima degradación y desigualdad social, produciendo así un lazo social con sus habitantes fundado en el despliegue de violencias. La justicia, en tanto operador de articulación entre “lo que hace la policía” y lo que “gestiona la cárcel”, refrenda selectividades y naturaliza esta ecuación. En el encierro punitivo, el entramado de violencias expresivas -materiales y simbólicas- se transforman en condiciones estructurales de sobrevida que el Estado impone gestionando sujetos y poblaciones encarceladas, a través de la producción de escasez, aislamiento y degradación.

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NOALABAJA

En los últimos años, ante cada embestida punitiva contra los más chicos, desde el GESPyDH hemos expresado nuestra posición contundente y fundamentada de oponernos a la baja en la edad de imputabilidad que rige actualmente en nuestro país.

Hoy lo reafirmamos, como aquellas otras veces, habiendo demostrado cómo las posturas favorables a la baja de la edad de imputabilidad penal basan sus discursos en anclajes ideológicos, apelando a la sensibilidad punitiva exacerbada por la criminalidad mediática, pero sin sustento empírico alguno. Ante ello, opusimos la contundencia del dato y de la investigación seria que demostraba que las tasas de delitos cometidos por personas menores de edad no habían crecido y que los delitos “más temidos” y más utilizados para generar mecanismos de “alarma social” eran (y son) un porcentaje ínfimo del total de causas abiertas contra niños, niñas y adolescentes.

Asistimos recurrentemente a debates espurios que invierten los términos de la ecuación que se proponía, cuando menos a nivel declarado, la sanción del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil: más castigo y menos “garantías”. Un debate que estratégicamente soslaya qué implica la imputabilidad en términos materiales -hoy, ahora- para los jóvenes: la captura violenta y selectiva de una población que sólo es alcanzada por el brazo punitivo del Estado, lejos de la “promoción y protección” postulada discursivamente. Un debate que en vez de atender a la responsabilidad del Estado en la situación de (sobre) vida de los niños y las niñas de nuestros barrios, propone correrlos de la escena ofreciéndoles esa materialidad penal. Mientras no se sostengan sobre diagnósticos serios, seguiremos asistiendo a estos debates falaces que no hacen más que profundizar la vulneración de los más chicos.

En esta oportunidad, declaramos nuevamente:

  • Que los operadores del sistema penal, de amplios sectores políticos y de medios de comunicación, amparados en el paradigma de la seguridad-inseguridad, con claros criterios de “defensa social”, han construido casi excluyentemente un solo “enemigo interno”: los adolescentes y jóvenes varones pobres.
  • Que los únicos recursos disponibles para abordar la problemática de los adolescentes y jóvenes que ingresan al sistema penal son las instituciones de encierro, que las nuevas leyes de infancia, nacional y provinciales, no han sido ejecutadas con los recursos materiales y humanos necesarios para disponer de alternativas a la privación de la libertad.
  • Que el sistema penal no garantiza ni repara, sino que castiga, degrada y profundiza la marginación social.
  • Que no se resuelve el problema del delito, la violencia y la inseguridad bajando la edad de imputabilidad de los más chicos, como tampoco lo ha resuelto con quienes ya son punibles a pesar de promover un crecimiento exponencial del sistema penal con: la creación de juzgados, fiscalías, tribunales orales, cámaras, el aumento sistemático de efectivos policiales con facultades cada vez más amplias y por supuesto con sus recursos materiales, el impactante crecimiento de plazas carcelarias y de institutos, el uso extorsivo del juicio abreviado, los límites a las excarcelaciones, el uso abusivo y generalizado de la prisión preventiva, los malos tratos y torturas y las ejecuciones sumarias de las diversas agencias policiales.

Por todo esto, volvemos a expresar un absoluto rechazo a los nuevos avances para bajar la edad de imputabilidad.

En este sitio se pueden leer nuestros pronunciamientos de los años 2009, 2011 y 2013 sobre este tema.