Directoras: Alcira Daroqui y Silvia Guemureman

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El GESPyDH orienta sus investigaciones a problematizar la tensión entre el sistema penal y los derechos humanos. El objeto específico de indagación del Grupo es el funcionamiento del sistema penal en su conjunto: cárcel, justicia y policía son los objetos abordados por excelencia. Focalizamos nuestra mirada en la vigencia/respeto/vulneración/contradicción/dualidad de las prácticas y discursos del sistema penal en relación a los derechos humanos de las personas que el mismo “captura” a través del despliegue de sus diferentes agencias, en el marco de un estado democrático de derecho.

En cada una de las áreas mencionadas las coordinadoras del Grupo han promovido estudios, realizado publicaciones, hecho comunicaciones para diversos eventos académicos y formado recursos humanos.

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En el marco del trabajo investigativo realizado durante 2014 abordando “la cuestión policial” presentamos las primeras reflexiones sobre los resultados obtenidos para la Ciudad de Buenos Aires. 

 

“Policiando” la Ciudad, criminalizando jóvenes de barrios empobrecidos

por Karina Fuentes, Florencia Tellería, Sofía Conti y Natalia Narváez Tojter.

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En los últimos años se ha producido una cuantiosa bibliografía acerca de la problemática de la inseguridad pero poco se conoce acerca del despliegue de planes y operativos de seguridad y sus consecuencias[1]. Las políticas diseñadas e implementadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad reflejan, en primer lugar, un aumento de la cantidad de efectivos en todas las fuerzas federales de seguridad del 59.26%[2] en el período 2001-2013, lo cual nos permite identificar una determinada noción de “seguridad” directamente ligada a la presencia y accionar policial en territorio. En segundo lugar, es constatable que se han redefinido roles y ampliado las competencias de fuerzas de diferente naturaleza que, incluidas en tareas de seguridad interior, pasaron a cumplir funciones policiales y a gestionar tolerancias e ilegalismos en los barrios donde son asignadas. Estas transformaciones se dan desde el año 2004 en el marco de múltiples planes y programas vigentes (Plan Buenos Aires Ciudad Segura, Plan Unidad Cinturón Sur, Plan de Seguridad Urbana, Control Accesos C.A.B.A, Operativo Vigía, Plan de Abordaje Integral Plan Ahí. Este último lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social pero del que participan los Ministerios de Defensa y Seguridad).

Una radiografía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muestra que en simultáneo se despliegan las siguientes fuerzas: Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, y la Policía Metropolitana bajo la égida del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

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Tomando en consideración la cantidad de habitantes de la C.A.B.A que arrojó el Censo 2010[8] y la cantidad de efectivos de fuerzas de seguridad para el total de la ciudad estamos en presencia de un agente policial cada 133 habitantes. Y si incorporamos la dimensión etárea para la población total de C.A.B.A, existe un policía cada 41 jóvenes[9].

Sin embargo, este despliegue de fuerzas y planes de seguridad no se produjo homogéneamente en el territorio de la ciudad, sino que tendieron a un despliegue focalizado sobre ciertos territorios y poblaciones: barrios del Sur de C.A.B.A. en situación de marginalidad y pobreza. El Plan Cinturón Sur nos brinda un ejemplo de esto.

Según información oficial, el Plan, se implementa en los barrios de Nueva Pompeya, Bajo Flores, Villa Soldati, Villa Lugano, Barracas, La Boca y Parque Patricios. Correspondiéndose con la Comuna 8 en su totalidad y parte de las comunas 4, 5, 7 y 9. Es en esta zona donde se encuentra la mayor cantidad de Villas de emergencia y asentamientos de la Ciudad[10].

Los planes y operativos se basan en la estrategia de policiar en forma intensiva el territorio urbano, estos contemplan el despliegue y saturación de efectivos de fuerzas de seguridad y policías que son propuestos como un tratamiento al diagnóstico sobre “la inseguridad”. La construcción hegemónica de “la inseguridad” se presenta de forma difusa y ligada al delito, mientras que muchas otras desprotecciones vinculadas a la ciudadanía social no aparecen bajo esa perspectiva. Se produce un recorte que circunscribe la factibilidad de comisión de delitos sólo a los sectores populares, y específicamente a los jóvenes marginados. Quienes, lejos de ser protegidos en el marco de derechos y garantías, se constituyen en objetos privilegiados de persecución y hostigamiento policial. Asentimos, siguiendo a R. Castel, que: “la diabolización de la cuestión de los suburbios pobres, y particularmente la estigmatización de los jóvenes de esos suburbios a la cual se asiste hoy en día, tiene que ver con un proceso de desplazamiento de la conflictividad social que podría representar perfectamente un dato permanente de la problemática de la inseguridad. La escenificación de la situación de los suburbios pobres como abscesos donde está fijada la inseguridad, (…) [es de alguna manera] la cristalización en grupos particulares situados en los márgenes, de todas las amenazas que entraña en sí una sociedad.”[11]

La violencia de la sociedad no se reduce policiando el espacio público, muy por el contrario, los datos demuestran que las mismas prácticas policiales y de las fuerzas de seguridad contribuyen significativamente a potenciar los actos violentos en territorios sociovulnerables y específicamente sobre la población joven, la cual es estigmatizada y constituida como responsable de la inseguridad, el conflicto social y la violencia.

En este sentido, el Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos Tratos, en el marco del Informe Anual 2013, ha realizado un avance exploratorio sobre el estudio de prácticas policiales que registró casos de violencia estatal al momento de aprehensión y/o espacios de detención en los que alojan a las personas inmediatamente después de ser detenidas por el personal policial. Dicho estudio se realizó a partir de 140 casos de víctimas de agresiones físicas relevadas en el ámbito nacional federal y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires[12].

En el Ámbito Nacional Federal, que comprende los relevamientos realizados mayoritariamente en la C.A.B.A y también en otras localidades del país, entre septiembre de 2010 y diciembre de 2013 se relevaron 67 casos de personas que habían sido víctimas de agresiones físicas por parte de las fuerzas policiales y de seguridad. Es importante resaltar que este registro de casos es producto de la emergencia no programada en los establecimientos de encierro, denuncias en la Procuración Penitenciaria de la Nación y del registro exploratorio dirigido específicamente para casos de violencia física por parte de fuerzas policiales. De este total, el 60% de las víctimas tenían menos de 34 años. Entre 18 y 21 años un 9,0% y entre 22 y 34 años un 50,08%, es decir, se trataba de una población joven.

A través del instrumento del RNCT las personas entrevistadas pudieron describir hasta tres hechos de agresión física por parte de funcionarios públicos (policiales, penitenciarios o de minoridad) padecidos en los 60 días previos a la entrevista. Tomando solamente los hechos en los que los agresores eran policías (de diversas agencias) o miembros de otras fuerzas de seguridad, 60 víctimas describieron 1 hecho de tortura física, 6 personas describieron 2 hechos, y 1 víctima 3 hechos. Por lo cual contamos con 75 hechos de agresiones físicas por parte de policías y otras fuerzas. El 79% de los casos corresponden a la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal y Policía Metropolitana. De estos casos, 49 corresponden a la C.A.B.A y el 26 restante se distribuyen en otras provincias del país. En la mayoría de los casos, un 73,3%, los actos de agresión fueron golpizas protagonizadas por varios agentes que agredieron a la víctima durante un tiempo sostenido. Asimismo, es importante destacar que, de acuerdo a los testimonios de los entrevistados, los distintos actos violentos se produjeron en forma combinada.

El discurso político mediático que amplifica y generaliza un determinado sentido de clase de la noción de inseguridad construye un escenario de miedo y desconfianza hacia un “Otro” social “amenazante” y “peligroso”, posibilitando que difícilmente se cuestione la sistemática persecución, captura y aplicación de tortura y/o malos tratos físicos sobre los cuerpos de los jóvenes pobres. Junto con otros tipos diversos de violencias que conforman el gobierno de la pobreza, la regulación territorial selectiva y el accionar violento y delictual de las fuerzas policiales y de seguridad se legitima y se naturaliza. Estos mismos jóvenes de sectores sociovulnerables conviven en un contexto de desigualdades sociales producto de la inclusión precaria de los excluidos sociales, por lo cual los jóvenes son afectados por un proceso de des- institucionalización social (educativa, laboral, sanitaria, sindical).

Dicha evidencia y los datos expuestos nos permiten interpelar ciertas nociones de “seguridad democrática” y de “seguridad para inclusión social” advirtiendo que además de las inseguridades sociales, estos sectores perciben otro tipo de inseguridad vinculada a las prácticas violentas y delictuales de las fuerzas policiales. Toda propuesta de política criminal cuyo eje central radique en la policiación intensiva del territorio debe asumir como efecto ineludible las vulneraciones a los derechos humanos y fundamentales de las personas que son objeto de persecución de la agencia policial.

Notas:

[1]Estas reflexiones son resultado de un trabajo grupal de relevamiento, sistematización y análisis de datos realizadas desde el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) en el marco del Proyecto Ubacyt: “Observatorio de políticas de control penal en el marco del gobierno de la población excedentaria en los espacios de vulnerabilidad socioterritorial y en espacios de encierro punitivo II” dirigido por Silvia Guemureman y Alcira Daroqui.

[2]Ministerio de Seguridad de la Nación (2014). “Políticas preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos”. Colección Políticas de Seguridad de la Nación N° 6. Disponible online http://issuu.com/minseg/docs/politicas_seguridad_6_web

[3]Auditoría General de la Nación “Informe de Auditoria”, 2011. De acuerdo al informe existían 11450 efectivos en comisarías. Dado que el incremento total de efectivos en el año 2013 fue del 15%, se estimó un aumento similar para los policías destinados al área Metropolitana.Versión online http://www.agn.gov.ar/files/informes/2011_197info.pdf

[4] Diario La Nación (2014) “Polémica: la Federal se va de los barrios donde está la Metropolitana”. Disponible en versión online http://www.lanacion.com.ar/1724643-polemica-la-federal-se-va-de-los-barrios-donde-esta-la-metropolitana

[5]Ministerio de Seguridad (2014) “Políticas de Seguridad de la Nación” Publicación editada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, Nº 6- Enero 2014.  De GNA son1760 efectivos de Cinturón Sur y 60 del Operativo Vigía.

[6]Ministerio de Seguridad (2014) “Políticas de Seguridad de la Nación” Publicación editada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, Nº 6- Enero 2014.  De PNA corresponde al despliegue en Cinturón Sur.

[7] Auditoría General de la Nación “Policía de Seguridad Aeroportuaria, Informe de Auditoría”Del total de efectivos corresponde 140al Operativo Vigía y 304 que se encuentran en el Aeropuerto Jorge Newbery. Versión onlinehttp://www.agn.gov.ar/files/informes/2013_219info.pdf

[8]Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina INDEC (2014). “Cuadro P1-P. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Población total y variación intercensal absoluta y relativa por comuna. Años 2001-2010” Datos disponibles en la web oficialhttp://www.censo2010.indec.gov.ar/CuadrosDefinitivos/P1-P_Caba.pdf  última consulta 15/11/14

[9] Consideramos joven a las personas entre 15 y 34 años. Para la construcción de dicha variable tomamos la definición de la ONU, de 15 a 24 años y fue extendida hasta 34 años para poder abordar las franjas etáreas delineadas por Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos, que agrupa a la población joven en dos franjas, de 18 a 21 y de 22 a 34 años.lele

[10] Ver mapa de Villas y Asentamientos por Comuna, Ciudad de Buenos Aires, años 2011. Fuente: Dirección de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda, GCBAhttp://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/mapas/villas_asentamientos_comunas_2011.jpg

[11] Robert Castell (2004), La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?, Editorial Manantial, Argentina.

[12] Para obtener detalles metodológicos sobre la realización de este Registro puede consultarse la página del GESPyDH: http://gespydhiigg.sociales.uba.ar/rnct/informes-anuales/

 

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UN HOMICIDIO INSTITUCIONAL. Declaración del GESPyDH y el Observatorio de adolescentes y jóvenes

La muerte de Diego. Un homicidio institucional

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Celda de aislamiento. (Archivo de agepeba.org)
 

Diego tenía 17 años. Estaba detenido desde hacía 5 meses por disposición del Tribunal Oral de Menores N° 1 de la Justicia Nacional, cuya titular es María Rosa Cassará (1). Cumplía su arresto en el Instituto Agote -denominación que se aplica a una cárcel para personas que aún no cumplen la mayoría de edad- dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Luego de “discutir” con el personal de la institución el joven fue sancionado por la directora Nidia González en virtud de haber “faltado el respeto verbal a un adulto” (sic). La funcionaria dispuso su encierro por 48 horas en un sector donde se emplazan celdas de aislamiento, ubicado en la planta baja de la institución, notablemente alejado del resto de la población encarcelada en pabellones y también de las oficinas del personal técnico y de guardia. La sanción de aislamiento no está prevista por el reglamento disciplinario de los Institutos Cerrados dependientes de la SENNAF.

El hecho que terminó con la muerte del joven se inició alrededor de las 20 hs. del jueves pasado, cuando se encontraba cumpliendo la sanción bajo modalidad de confinamiento solitario, en una celda de reducidas proporciones, con una ventana que no puede abrirse y una pequeña rejilla de ventilación. El joven además contaba con un encendedor que no le fue retirado preventivamente ante una situación de violencia e impotencia, sabiendo además que no contaba con colchón ignífugo. El guardia que debía permanecer a metros de dicha celda, custodiando ese sector, no se encontraba presente en su lugar: claros actos de violencia y abandono institucional. Las llamas y el humo avanzaron, la demora en asistirlo produjo un cuadro letal: Diego resultó herido con quemaduras del orden del 80% de su cuerpo y una fuerte intoxicación por inhalación de monóxido de carbono. Fue internado y agonizó en el Instituto del Quemado hasta el martes 1 de diciembre, cuando falleció.

La sanción “ilegal” de aislamiento, la falta de control y la demora en asistirlo fueron las “prácticas institucionales” que se tradujeron en una condena a muerte de un joven detenido cautelarmente, es decir, de un preso a la espera de juicio.

La SENNAF y el bloqueo de los controles. La impunidad realizada

Desde el GESPyDH y el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes repudiamos el histórico accionar de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF) a cargo del Dr. Gabriel Lerner y dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, cuya titular es la Lic. Alicia Kirchner, en cuanto a la obstaculización para que se efectivicen los controles formalmente establecidos por la ley sobre las condiciones de detención de niños y adolescentes en las instituciones a su cargo. La construcción de impunidad conlleva el bloqueo permanente y un vehemente activismo recursivo para evitar el acceso de actores facultados para el control, a la vez que devela la débil calidad del monitoreo realizado por la única institución a la cual la SENNAF permite el ingreso a los institutos, que es la Comisión de Seguimiento de la Defensoría General de la Nación (DGN), órgano que no advirtió ni solicitó la clausura de un sector con 4 celdas de aislamiento claramente en flagrancia y violación de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y que tampoco publica los informes de monitoreo que realiza sobre las instituciones ni las acciones tomadas en función de los agravamientos que detecta. Antes bien, la DGN promueve “festejar” las “buenas prácticas”, evitar judicializar la vulneración de derechos en el encierro por considerarlo una acción poco productiva e incluso contraproducente, y plantea colaborar con la administración penal juvenil en un esquema de roles y facultades desdibujados (2).

En el año 2008, UNICEF y la SENNAF en el informe “Adolescentes en el Sistema Penal. Situación actual y propuestas para un proceso de transformación”, decían respecto de la Ejecución de la Pena: “La Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 37, incs. a) y c), prohíbe expresamente la aplicación de penas que sean consideradas tortura y tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. El análisis de este estándar no debe realizarse sólo a partir de los textos de la normativa penal, que probablemente no contemplen este tipo de penas en forma explícita, sino que debe estudiarse en las formas concretas de ejecución de las penas privativas de la libertad. Con respecto a los sistemas de disciplina aplicables en las instituciones se prohíbe todo trato cruel, inhumano y degradante, definiendo como supuestos a los castigos corporales, la reclusión en una celda oscura, la pena de aislamiento o en celda solitaria, la reducción de alimentos, la restricción o denegación del contacto del adolescente con sus familiares o cualquier medida que ponga en peligro su salud física o mental” (el resaltado es propio), luego de lo cual citaban todos los convenios y tratados de derechos humanos que fundamentan esta idea.

Aunque resulte una imagen siniestra, la producción de contenidos sobre las modalidades deseables y legalmente establecidas para el encierro de los más jóvenes son deliberadamente desconocidas por quienes las erigen como un discurso que no se plasma en sus prácticas.

Las muertes de jóvenes en el encierro

Entre 2004 y 2014 murieron 58 niños y adolescentes en instituciones de encierro (institutos de menores, comisarías, etc.) en el país. Esta cifra no es exhaustiva ya que la carencia de estadísticas públicas en la materia obliga a relevar y sistematizar la información sobre estos casos que publican los medios de comunicación. La muerte de un joven en el encierro no siempre resulta aplicable al criterio de lo noticiable, por lo cual seguramente exista un sub-registro en estos datos.

En el caso de la CABA, la SENNAF gestiona los 9 centros penales para personas menores de edad que dependen de la justicia nacional, alojando aproximadamente a 150 jóvenes (no hay datos exactos ya que la SENNAF se niega a brindarlos).

Entre el 2007 y el 2014 en sus instituciones murieron 4 jóvenes por causas violentas, lo cual puede ser encuadrado en la categoría de homicidios institucionales. Tres fallecieron por ahorcamientos en celda -uno de ellos en celda de aislamiento- y el restante quemado en una celda, también de aislamiento. Tenían entre 16 y 19 años (3). La CORREPI se constituyó como querellante en las causas judiciales en dos de los casos.

A la fecha, NO HAY ningún funcionario o personal institucional procesado o condenado por estos hechos. El poder judicial, una vez más, no ha encontrado responsables institucionales por estas muertes. Paradójicamente, cuando el sistema penal justifica el secuestro institucional de los jóvenes en pos de su “responsabilización” ante la ley. Así, las responsabilidades son esquemas unidireccionales que nunca tendrán por objeto a los operadores de justicia o a los administradores de las cárceles para niños y adolescentes, que se perpetúan en una impunidad que naturaliza y sostiene la hipocresía colectiva y la regular violación a los derechos humanos de las personas tocadas por el sistema penal, que indefectiblemente provienen de los sectores marginalizados de la sociedad.

Una referencia ineludible en cuanto a la construcción y acceso público de datos por parte de los Estados sobre los Sistemas Penales Juveniles es el “Manual para cuantificar los indicadores de la justicia de menores” (2008, Nueva York) (4). Allí se establece la importancia de construir y publicar la información relativa al despliegue de los sistemas punitivos para jóvenes, delimitando un conjunto de 10 indicadores claves, entre los que se destaca el de “Niños muertos en privación de libertad” (5).

En Argentina la SENNAF desde hace ya varios años, y en el marco de una misma gestión que lleva una década a cargo de estas instituciones, tiene por política pública la deliberada opción de no publicar datos sobre niños y adolescentes atravesados por el sistema penal. Así, la única información disponible data del año 2008 y presenta escasas cifras a nivel país, sin desagregar los datos por provincia, además de ocultarla a las restantes instituciones y a la sociedad en general, produciendo una opacidad intencional sobre la temática, actitud antidemocrática y autoritaria que además promueve la des-problematización del despliegue -en ese caso extremo y letal- del aparato punitivo.

Las muertes en el encierro son absoluta responsabilidad del estado. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia produjo un nuevo homicidio “institucional”.

Notas:

(1) Al respecto ver: http://www.pjn.gov.ar/.

(2) Al respecto ver:http://www.unicef.org/argentina/spanish/proteccion_Monitoreo_Ninio_UNICEFJULIO2012.pdf.

(3) Uno de ellos se encontraba amordazado y con signos de violencia, otro con golpes e indicios de violencia sexual. Según informa la CORREPI: “fue encontrado ahorcado, en una celda del Instituto de Menores Agote. La médica forense que revisó el cuerpo en el lugar, escribió que ‘presentaba una tela sobre la boca a modo de mordaza’. Cuando se la quitaron, encontraron dos medias forzadas dentro de la boca. También, tenía marcas de golpes en la cara. Sus muñecas mostraban las típicas lesiones por esposas muy apretadas. Pero lo más intenso estaba en sus manos. No tenía ninguna de sus diez uñas”. Al respecto ver: http://correpi.lahaine.org/?p=921. En el otro caso, según fuentes periodísticas: “Apareció ahorcado en una celda de castigo del Instituto Rocca–, ‘el hisopado rectal muestra la presencia de líquido seminal de una o más personas, lo cual demuestra que había sido violado’, reveló María del Carmen Verdú, abogada de la familia del joven, que tenía 16 años. Tal como informó Página/12 el 15 de febrero de 2007, Germán había ingresado al sistema ‘de protección’ judicial porque, a los 15 años, le habían encontrado dos cigarrillos de marihuana. Como incumplió la obligación de hacer una terapia ambulatoria y los padres, que tenían otros siete hijos, estaban sin trabajo, se dispuso su internación, y -luego de que haberse escapado para volver con su familia- fue a parar al Instituto Rocca, para menores ‘de máxima peligrosidad’. Lo sacaron de allí, tras haber sido presuntamente violado, pero lo volvieron a enviar cuando trató de escaparse de un ‘establecimiento terapéutico’. En su segunda estadía en el Rocca lo pusieron en una celda de castigo, donde apareció ahorcado”. Al respecto ver:http://noticiasdeinfancia.blogspot.com.ar/2008/07/muerte-en-un-instituto.html.

(4) http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/JJ_indicators_Spanish_webversion.pdf.

(5) Definido como: número de niños muertos en privación de libertad, durante un período de 12 meses por 1.000 niños aprehendidos.

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Entrevista realizada a Alcira Daroqui el 22/11 en el programa Marca de Radio (FM La Red) para un informe especial sobre el sistema carcelario titulado “Los dueños de las sombras”. 

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Entrevista realizada a Alcira Daroqui el 31/10 por FM Radio Gráfica en el marco de la presentación del tercer Informe Anual del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos.

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Observaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación al proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación 

La Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentó sus observaciones al proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN) elaborado por el Poder Ejecutivo. En el documento la PPN señaló que la propuesta de reforma del CPPN exige una reflexión crítica sobre el comportamiento de las instituciones de nuestra justicia penal.

La PPN tiene por misión la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y la experiencia de su trabajo sostenido de más de dos décadas justifica unas primeras reflexiones en el debate abierto sobre las formas concretas del actuar de la justicia penal y sus instituciones.

Pensar en torno a la reforma del derecho procesal penal, para la PPN, implica considerar las consecuencias concretas que aquella podría producir sobre las personas directamente involucradas en un conflicto grave. Ello reclama enfocar al menos en dos aspectos cruciales de la discusión abierta. Primero, debatir en torno a las prácticas institucionales que causan privaciones de libertad en condiciones infrahumanas que, a la postre, no conducen a la reparación integral de los derechos violados y hasta generan males mayores. En segundo lugar, reparar en que la reglamentación legal del proceso penal debe servir a prevenir y reducir la tortura y la  violencia institucional de las propias agencias estatales y efectivamente facilitar el esclarecimiento y resolución de las controversias importantes.

Bajo esta luz, la discusión no puede aislarse del debate sobre el derecho penal de fondo, ni obviar una discusión genuina en torno a las instituciones y órganos de una justicia independiente e imparcial. La pregunta acerca de cómo llevar adelante un proceso penal solo puede responderse a cabalidad si también discutimos qué queremos enjuiciar, por qué y para qué, por un lado; y quiénes lo harán, en beneficio de quién y bajo qué controles. Son preguntas arduas, frente a las cuales no alcanza afirmar una necesidad abstracta de modernizar las instituciones. Sin debate, solo tendremos leyes sin autoridad moral.

La dirección general de la propuesta inspirada en la necesidad de facilitar las vías de acceso a la justicia, simplificar acciones y concentrar los actos de modo de tornar más efectiva la intervención estatal anticipa una discusión valiosa. También es relevante el esfuerzo por tender a separar las funciones requirentes de las jurisdiccionales y propiciar el concebir a la defensa en pie de igualdad con la acusación. En este marco general, con todo, para la PPN es necesario advertir desde el inicio algunos puntos ineludibles, cuya consideración tendrá una incidencia decisiva sobre la calidad del producto final, más allá de la necesidad de continuar el estudio más refinado de cada aspecto de la propuesta:

  • La privación de la libertad debe ser una medida extrema y excepcional y es indispensable que la ley procesal no pulverice por vía reglamentaria esta exigencia constitucional.
  • Las cárceles deben ser sanas y limpias y la ley procesal debería facilitar la discusión y el remedio de las situaciones violatorias de derechos.
  • El proceso penal no puede restringir de modo ilegítimo el derecho humano a migrar, ni a ningún otro, y debe asegurar la aplicación igualitaria de la ley.
  • El derecho de defensa debe consagrarse con amplitud y la propuesta de reforma debería atender en mayor medida y con mayor atención los condicionamientos reales para su ejercicio en contextos de encierro.
  • El proceso penal no puede trascender la persona y los derechos de la persona involucrada y para ello las reglas de procedimiento tienen que fijar lineamientos y protocolos claros y obligatorios de acción.
  • Todos los operadores estatales, y en particular, los jueces, tenemos la obligación de prevenir la tortura y, en general, de controlar la legalidad de los supuestos y condiciones de detención.
  • La Procuración Penitenciaria de la Nación es un actor indispensable para la protección de los derechos humanos en el proceso penal y la ley procesal penal debería consagrar su amplia participación en la plenitud de sus funciones.
  • El Estado debe remover los obstáculos que impidan la investigación de las graves violaciones a los derechos humanos.

Descargar documento de posición

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Presentación del Informe Anual 2013 del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos. 

Jueves 30 de Octubre // 18hs. // Salón Eva Perón del Senado de la provincia de Buenos Aires -calle 7 esq. 49 -La Plata // 

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Presentación del GESPyDH en la EXPO IIGG. Miércoles 29 de Octubre, 13.30-15.30hs, en la Sala de reuniones del Instituto de Investigaciones Gino Germani. 

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Cronograma de actividades: 

Primera actividad. Panel debate: “El desafío de pensar sociológicamente el sistema penal en la Argentina del presente”

En Argentina investigar sobre problemáticas que traten acerca del sistema penal - fuerzas de seguridad- poder judicial, legislación penal y encierro carcelario- se ha planteado siempre como un desafío que debe ocuparse más en resolver los obstáculos que se presentan que en producir los resultados de acuerdo a los objetivos propuestos. Aportes para des-naturalizar el ocultamiento y el oscurantismo que  justifican y sostienen las prácticas y los discursos de las agencias del sistema penal en un contexto de persistencia de violación de derechos humanos y de reproducción sistemática de impunidad en la Argentina del presente.

Expositoras/es: Carlos Motto, Ana Laura López y Natalia Debandi.

Coordina: Silvia Guemureman.

Segunda Actividad: “La universidad pública y el compromiso con la defensa de los derechos humanos”

La producción científica para el diseño de políticas de intervención en relación a las prácticas de fuerzas de seguridad y custodia y la violación sistemática de derechos humanos en el presente. Presentación de Resultados de Investigación: el Registro Nacional de Casos de Torturas y su inscripción en el marco del Proyecto De Desarrollo Técnico y Social (PDTS). Investigación a cargo del GESPyDH- para el Organismo adoptante: Procuración Penitenciaria de la Nación.

Expositoras/es: María del Rosario Bouilly, María Jimena Andersen y Hugo Motta.

Coordina: Alcira Daroqui.

 Instituto de Investigaciones Gino Germani, Uriburu 950 6to Piso (CABA),

Miércoles 29 de Octubre. Sala de Reuniones. 13.30hs-15.30hs.

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Se encuentra disponible el Informe Anual 2013 del Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos. 

Este informe 2013 presenta los resultados y aspectos contextuales más relevantes obtenidos en la tarea del Registro de Casos de Tortura y/o Malos Tratos, para los ámbitos Federal-Nacional y de la Provincia de Buenos Aires durante el tercer año de implementación del Registro, comprendido entre enero y diciembre de 2013.

Los relevamientos realizados por la Procuración Penitenciaria de la Nación y el Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria durante el año 2013 registraron un total de 1.151 víctimas de torturas y malos tratos. El trabajo de campo del RNCT se realizó en 8 unidades penales y 1 alcaidía penitenciaria del Servicio Penitenciario Bonaerense, en 1 instituto de menores de la Provincia de Buenos Aires, y en 8 unidades penales del Servicio Penitenciario Federal. Además se incorporaron casos de 23 centros de detención penitenciaria y no penitenciaria de la Provincia de Buenos Aires y 10 federales. El relevamiento con instrumentos propios del registro aportó los relatos de 227 víctimas en el ámbito bonaerense y de 174 en el ámbito federal y nacional, a las cuales se incorporaron 43 casos a partir de información de las planillas de intervención del Comité contra la Tortura de la CPM, y además se incorporó la información de 707 víctimas aportadas por el Procedimiento de Investigación y Documentación Eficaces de Casos de Tortura y Malos Tratos (PIyDECTyMT).

Como de los años 2011 y 2012, se presenta también en el informe los lineamientos conceptuales, jurídicos y metodológicos del primer Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos (RNCT), creado en la República Argentina en el año 2010 por acuerdo inter-institucional entre la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires (CPM), la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) y el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) del Instituto Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

Descargar Informe Anual 2013 del RNCT

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“Castigar y gobernar. Hacia una sociología de la cárcel”, libro de reciente aparición, se encuentra disponible en la oficina del GESPyDH. Consultas escribiendo a gespydh@gmail.com  o via inbox en el facebook del GESPyDH.

Castigar y gobernar. Hacia una sociología de la cárcel. La gobernabilidad penitenciaria bonaerense. cy g

Coordinación editorial: Alcira Daroqui

Autores: Alcira Daroqui, María del Rosario Bouilly, Ana Laura López, Carlos Motto, María Jimena Ander­sen, Hugo Motta y Nicolás Maggio

Este libro es el resultado de una investigación social realizada en el marco del acuerdo inter-institucional entre el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani (FCS, UBA) y la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires a través de su Comité contra la Tortura.

El libro aborda la cuestión de la gobernabilidad penitenciaria partiendo de una caracterización de la cárcel del pre­sente que se inicia destacando dos dimensiones de análisis: el reconocimiento de la ficción del modelo resocializador y la expansión del sistema penal, en particular el encarcelamiento masivo de los últimos 30 años. Entonces se aborda la realidad de una cárcel en la que el castigo despliega su capacidad de producir sufrimiento y dolor, de someter, subordinar y degradar a partir de ejercicios cotidianos de poder que se expresan en las agresiones físicas, el aislamiento, los traslados constantes, las requisas vejatorias y la producción deliberada de malas condiciones de vida en el ámbito del encierro. Ello significa visibilizar un programa de gobierno carcelario sostenido en la producción de crueldad del castigo legal como elemento central de una administración productiva de prácticas que lesionan y lastiman, que humillan y violentan, en un contexto en el que son el orden y la seguridad las claves de la gestión institucional. De esto trata este libro, de una serie de notas que, partiendo de la voz de las personas castigadas y gobernadas en el encierro penal bonaerense, se orientan hacia una sociología de la cárcel que aporte a des-cubrir el sistema de la crueldad.

Dividido en dos grandes partes y un anexo. La Primera contiene la Intro­ducción y luego el Informe general de la investigación, tal cual fue presentado en el año 2010 al CCT-CPM. El Informe cuenta con dife­rentes apartados en los que se desarrolla el análisis de la información relevada en las 13 cárceles que integraron el cronograma de trabajo de campo, a partir de la aplicación de una encuesta a 590 personas dete­nidas, cuyo objetivo central se focalizaba en la indagación sobre el ré­gimen disciplinario-sanciones-aislamiento, los procedimientos de requisa, los mecanismos de traslados y las agresiones físicas institucionalizadas en cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense. Se trabaja sobre el núcleo duro de la violencia institucional más expre­siva. A partir de ese relevamiento cuantitativo se procesó toda la información cualitativa, que no sólo se construyó a partir de las respuestas a cada pregunta -cerrada o abierta- de las personas presas encuestadas, sino también de los registros y notas de las observaciones de campo, entrevistas informales y formales en profundidad tanto al per­sonal penitenciario como a presos y presas, de documentos instituciona­les, de información solicitada al SPB sobre las unidades penitenciarias y la población detenida que integraron los Registros de Campo de cada unidad penal.

La Segunda parte del libro se compone de cuatro capítulos que con­centran la producción de investigadores del GESPyDH en los cuatro años posteriores a la finalización de la investigación y que se vinculan a dos dimensiones distintas. Por un lado, aquella que apunta a la profun­dización en los procesos de análisis y conceptualización sobre los temas que integraban los objetivos de la propia investigación, en este caso el aislamiento y los traslados y la cuestión del gobierno en el ámbito penitenciario. Por otro lado, sobre los temas que se identificaron como emergentes durante el proceso investigativo y fueron indagados en aquel entonces en forma exploratoria, pasando posteriormente a constituir ejes de distintas investigaciones. Se trata de las condiciones de vida en la cárcel, la delegación de la violencia y la tercerización del orden.

El libro además cuenta con un Anexo que incluye dos dimensiones del trabajo. En primer lugar, los registros de campo, que fueron una herra­mienta sustancial en el marco de la investigación, a la hora de relevar e integrar toda la información para proceder a su procesamiento y aná­lisis. Se presenta también una breve síntesis y selección de fragmentos de cada uno, recuperando temáticas ilustrativas sobre cada una de las 13 cárce­les bonaerenses que integraron el trabajo de campo. En segundo lugar, se detallan las distintas producciones (artículos, ponencias, capítulos de libros, etc.) que los investigadores del GESPyDH realizaron durante estos años y que se vinculan de una u otra forma con esta investigación realizada en el año 2008.

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  • El jueves 4 de Septiembre a las 18,30hs. presentamos “Castigar y gobernar. Hacia una sociología de la cárcel”, libro de reciente aparición sobre la gobernabilidad en las cárceles bonaerenses. La actividad está organizada por la Comisión Provincial por la Memoria y se realiza en el Pasaje Dardo Rocha. Sala Presidencia. Calle 50 entre 6 y 7. La Plata.

presentacion cct

Disponible aquí, una entrevista sobre el libro realizada a Alicia Romero (coordinadora del Comité contra la Tortura de la CPM) y Charo Bouilly (integrante del CCT y el GESPyDHpor Redacción Andar .

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  • La quinta entrega del suplemento especial “La educación en debate” realizada por la UNIPE para la edición julio 2014 de Le Monde diplomatique (Cono Sur), problematiza la educación en contextos de encierro. El suplemento incluye entrevistas a las compañeras del GESPyDH,  Ana Laura López y Julia Pasín.

Link para leer el suplemento: Cuando el aula es una celda

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Link para ver el video: El infierno de las cárceles en Argentina

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texto recomendado

Karl Marx y el lugar de los delincuentes en la sociedad

Un texto escrito por el filósofo alemán entre 1860 y 1862 y editado de modo póstumo, como apéndice de “Teorías de las plusvalías”, bajo el título de “Concepción apologética de la productividad de todas las profesiones”.

El filósofo produce ideas, el poeta poemas, el cura sermones, el profesor compendios, etc. El delincuente produce delitos. Fijémonos un poco más de cerca en la conexión que existe entre esta última rama de producción y el conjunto de la sociedad y ello nos ayudará a sobreponernos a muchos prejuicios. El delincuente no produce solamente delitos: produce, además, el derecho penal y, con eso, al mismo tiempo, al profesor encargado de sustentar cursos sobre esta materia y, además, el inevitable compendio en que este mismo profesor lanza al mercado sus lecciones como una “mercancía”. Lo cual contribuye a incrementar la riqueza nacional, aparte de la fruición privada que, según nos hace ver, un testigo competente, el señor profesor Roscher, el manuscrito del compendio produce a su propio autor.

El delincuente produce, asimismo, toda la policía y la administración de justicia penal: esbirros, jueces, verdugos, jurados, etc., y, a su vez, todas estas diferentes ramas de industria que representan otras tantas categorías de la división social del trabajo; desarrollan diferentes capacidades del espíritu humano, crean nuevas necesidades y nuevos modos de satisfacerlas. Solamente la tortura ha dado pie a los más ingeniosos inventos mecánicos y ocupa, en la producción de sus instrumentos, a gran número de honrados artesanos.

El delincuente produce una impresión, unas veces moral, otras veces trágica, según los casos, prestando con ello un “servicio” al movimiento de los sentimientos morales y estéticos del público. No sólo produce manuales de derecho penal, códigos penales y, por tanto, legisladores que se ocupan de los delitos y las penas; produce también arte, literatura, novelas e incluso tragedias, como lo demuestran, no sólo La culpa de Müllner o Los bandidos de Schiller, ¡sino incluso el Edipo y elRicardo III! El delincuente rompe la monotonía y el aplomo cotidiano de la vida burguesa. La preserva así del estancamiento y, provoca esa tensión y ese desasosiego sin los que hasta el acicate de la competencia se embotaría. Impulsa con ello las fuerzas productivas. El crimen descarga al mercado de trabajo de una parte de la superpoblación sobrante, reduciendo así la competencia entre los trabajadores y poniendo coto hasta cierto punto a la baja del salario, y, al mismo tiempo, la lucha contra la delincuencia absorbe a otra parte de la misma población. Por todas estas razones, el delincuente actúa como una de esas “compensaciones” naturales que contribuyen a restablecer el equilibrio adecuado y abren toda una perspectiva de ramas “útiles” de trabajo.

Podríamos poner de relieve hasta en sus últimos detalles el modo como el delincuente influye en el desarrollo de la productividad. Los cerrajeros jamás habrían podido alcanzar su actual perfección, si no hubiese ladrones. Y la fabricación de billetes de banco no habría llegado nunca a su actual refinamiento a no ser por los falsificadores de moneda. El microscopio no habría encontrado acceso a los negocios comerciales corrientes (véase Babbage) si no le hubiera abierto el camino el fraude comercial. Y la química práctica, debiera estarle tan agradecida a las adulteraciones de mercancías y al intento de descubrirlas como al honrado celo por aumentar la productividad.

El delito, con los nuevos recursos que cada día se descubren para atentar contra la propiedad, obliga a descubrir a cada paso nuevos medios de defensa y se revela, así, tan productivo como las huelgas, en lo tocante a la invención de máquinas. Y abandonado al campo del delito privado, ¿acaso, sin los delitos nacionales, habría llegado a crearse nunca el mercado mundial? Más aún, ¿existirían siquiera naciones? ¿Y no es en el árbol del pecado, al mismo tiempo y desde Adán, el árbol del conocimiento? Ya Mandeville en su Fábula de las abejas (1705) había demostrado la productividad de todos los posibles oficios, etc., poniendo de manifiesto en general la tendencia de toda esta argumentación:

«Lo que en este mundo llamamos el mal, tanto el moral como el natural, es el gran principio que nos convierte en criaturas sociales, la base firme, la vida y el puntal de todas las industrias y ocupaciones, sin excepción; aquí reside el verdadero origen de todas las artes y ciencias y, a partir del momento en que el mal cesara, la sociedad decaería necesariamente, si es que no perece completamente.»

Lo que ocurre es que Mandeville era, naturalmente, mucho más, infinitamente más audaz y más honrado que los apologistas filisteos de la sociedad burguesa.

Fuente: http://elidentikit.com/2012/08/karl-marx-y-el-lugar-de-los-delincuentes-en-la-sociedad