Directoras: Alcira Daroqui y Silvia Guemureman

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El GESPyDH orienta sus investigaciones a problematizar la tensión entre el sistema penal y los derechos humanos. El objeto específico de indagación del Grupo es el funcionamiento del sistema penal en su conjunto: cárcel, agencia judicial y policial son los objetos abordados por excelencia. Focalizamos nuestra mirada en la vigencia/respeto/vulneración/contradicción/dualidad de las prácticas y discursos del sistema penal en relación a los derechos humanos de las personas que el mismo “captura” a través del despliegue de sus diferentes agencias, en el marco de un estado democrático de derecho.

 NUEVO

XI JORNADAS DE SOCIOLOGÍA DE LA UBA

Mesa 97: Sistema Penal y Derechos Humanos

Los/as invitamos a participar de las XI Jornadas de Sociología de la UBA -Coordenadas contemporáneas de la Sociología: cuerpos, tiempos y saberes. 6 al 10 de julio de 2015, Facultad de Ciencias Sociales.

Jornadas sociologia 2015 crono actual

Mesa: Sistema Penal y Derechos Humanos

CoordinaciónAlcira Daroqui -alciradaroqui@gmail.com- y Silvia Guemureman – silviaguemureman@gmail.com-.

Integrantes del GESPyDH: Ana Laura López, María del Rosario Bouilly, María Jimena Andersen, Hugo Motta, Carlos Motto, Nicolás Maggio, Mariana Liguori, Pilar Fiuza, Julia Pasin, Joaquin Zajac, Silvia Guemureman, Alcira Daroqui.

Esta mesa se inscribe en las actividades del GESPyDH (Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos) y es continuidad de la Mesa homónima que organizáramos en las Jornadas del año 2007, en el Congreso Latinoamericano de Sociología en el año 2009 y en las últimas Jornadas de Sociología de la UBA del año 2011.

Efectivamente, la tensión entre sistema penal y derechos humanos se actualiza permanentemente, ofreciendo a la “imaginación sociológica” un campo privilegiado para ejercitar la reflexión y el conocimiento crítico. Las actuales formas de control de la marginalidad urbana impiden la pereza intelectual de conformarse con viejos y perimidos esquemas: las agencias de control social penal y su despliegue constituyen un desafío que se actualiza y nos interpela.

Por cierto, en la última década el aspecto más convocante sobre “la seguridad” ha remitido casi exclusivamente a aquel que la vincula y circunscribe a la cuestión de la criminalidad, en tanto la política criminal ha sido asimilada a política de seguridad.

La política de seguridad triunfante ha articulado diseños de políticas de prevención del delito con una orientación de control a través de “lo social”, con componentes más definidos en sus aristas punitivas y securitarias, siendo estos últimos los que “dominan” el campo de la política criminal en estos últimos 10 años.

A 30 años de recuperación democrática y en vigencia del estado de derecho, es fundamental dar cuenta de un proceso “dual” por el cual mientras se legisla con el objetivo de suscribir a los estándares internacionales en materia de sistema penal y derechos humanos, se implementan fácticamente políticas penales que “violan” esos mismos derechos en forma sistemática.

Ello se evidencia en el crecimiento exponencial de la población carcelaria, el uso indiscriminado de la prisión preventiva, juicios abreviados y flagrancia, la diversificación de las facultades policiales y la reinstalada discusión sobre códigos contravencionales, la criminalización de la protesta, el aumento de diferentes tipos de fuerzas de seguridad: patrullas urbanas y policías de territorio -Policía Metropolitana, Gendarmería y Prefectura Naval- y de personal en las ya existentes -policía federal y policía bonaerense- y, claro, la “persistente” ausencia de controles jurisdiccionales sobre las fuerzas de seguridad y sus prácticas, así como los aumentos de escalas penales y la modificación de figuras delictuales con grave producción de inseguridad jurídica, a lo que debe añadirse la no menos grave vulneración en el derecho de acceso a la justicia.

Las condiciones de encierro constituyen un capítulo cuya gravedad amerita conferirle una entidad propia: la vigencia de la tortura, malos tratos, tratos degradantes y crueles por parte de las fuerzas de seguridad y custodia hacia las personas detenidas, las muertes evitables bajo custodia estatal, la proliferación de prácticas aberrantes documentadas en los espacios de encierro, la mercantilización de todos los intercambios en los espacios carcelarios, la prolongación de institucionalizaciones de adolescentes y jóvenes, para quienes la privación de la libertad debería ser la última ratio y por el menor tiempo posible; en síntesis, el gobierno de los encierros múltiples y las estrategias de control de la marginalidad, constituyen temas de interés para la reflexión sociológica y el ejercicio del pensamiento crítico que interpele las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el presente por parte de las distintas agencias estatales del sistema penal: policial, judicial y carcelaria.

En este sentido es que debemos tener en cuenta que en el marco de los sistemas constitucionales contemporáneos se avanza en nuevas normativas, protocolos y legislaciones que, cuando menos, reconocen que estos sistemas no se encuentran exentos de las prácticas de tortura y/o malos tratos. Sin embargo, la tortura y los malos tratos no sólo existen sino que son un recurso inherente a la matriz de dominación disponible para que las agencias del estado modulen la administración de violencias. Dichas prácticas, aun sin ser compactas u homogéneas, ni unidireccionales en sus efectos, prestan las condiciones de posibilidad para garantizar el sostenimiento de un proceso de conservación y reproducción de un orden social basado en la inclusión precaria de la exclusión social, tanto en su dimensión material como simbólica.

Propuesta de trabajo: 

Apertura de Mesa: presentación de investigaciones realizadas y en proceso en el marco del Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos - GESPyDH. 

Desarrollo: modalidad foro de discusión sobre ponencias en base a ejes temáticos agrupados:

  • El poder de policía. Reconfiguración de fuerzas policiales, creación de nuevas policías y vigencia de los códigos contravencionales.
  • La extensión del control. Gobierno del territorio urbano a través las viejas y las nuevas fuerzas de seguridad: policías federal, bonaerense, metropolitana, gendarmería, prefectura, cuerpos especiales, brigadas de control urbano, etc.
  • Lo custodial. Las múltiples dimensiones del encierro punitivo: cárcel, institutos de seguridad para adolescentes y jóvenes, institucionalización psiquiátrica y dispositivos destinados a la internación compulsiva por consumo de drogas.
  • Lo judicial. La administración de la justicia: prisión preventiva, juicio abreviado, flagrancia y ejecución de la pena. El acceso a la justicia.
  • Otros modos de gestión de la excedencia social. Planes, políticas y programas de seguridad/inseguridad en el sentido de gobierno de poblaciones en el marco del “combate contra el delito”

Panel de Cierre de Mesa

 http://jornadasdesociologia2015.sociales.uba.ar/

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Buenos Aires, enero de 2015.

Adherimos al Documento unificado a 6 años sin Luciano Arruga: la policía lo mató, el Estado lo desapareció.

Adhesiones de personalidades y organizaciones a: adhesionesporluciano@gmail.com

Contactos: 15 5646 6952 (Matías) – 15 6637 9076 (Rosaura)

LucianoSe cumplen seis años del secuestro, asesinato y desaparición de Luciano Nahuel Arruga por parte de la policía y el Estado. Sus familiares, amigos, organizaciones y partidos de izquierda, organismos de derechos humanos independientes y medios alternativos lo buscamos incansablemente. Fueron cinco años y ocho meses de amenazas, hostigamiento, e intentos de amedrentarnos para que declináramos nuestra denuncia contra la Bonaerense y el gobierno que la sostiene.

Luciano fue secuestrado el 31 de enero de 2009 y desde el comienzo supimos que fue la policía. Lo supimos y lo sabemos porque lo tenían de punto: lo detenían ilegalmente, lo humillaban, le apuntaban al pecho y le advertían que tenía los días contados. Luciano comenzó, con 16 años, a vivir con miedo a la policía, porque en cada oportunidad que se la cruzaba le pegaban, lo verdugueaban, lo amenazaban o directamente lo llevaban detenido sin ninguna justificación y lo torturaban.

El 22 de septiembre de 2008, Luciano, siendo menor de edad, estuvo detenido ilegalmente en el destacamento de Lomas del Mirador durante diez horas. Cuando Vanesa Orieta (hermana) y Mónica Alegre (mamá) fueron a buscarlo, escucharon cómo era golpeado. Ese episodio derivó en una causa por Torturas que irá a juicio oral en marzo de 2015. El imputado es el oficial Julio Diego Torales y se encuentra con prisión preventiva.

Cuando comenzamos la búsqueda comprendimos que estábamos yendo contra un sistema asesino de pibes y que no había democracia que protegiera a quienes luchábamos por estas causas: comenzaron a seguirnos en nuestros barrios, recibimos llamadas telefónicas amenazadoras, compañeros nuestros y testigos de la causa fueron detenidos y torturados en comisarías. Les repetían una frase: “dejate de joder con ese negro de mierda”. Mario –hermano menor de Luciano- fue increpado por policías no identificados que circulaban en un auto sin patente. Incluso intentaron prender fuego la casa de Mónica Alegre y detuvieron a otros pibes del barrio para hacerlos formar parte de sus negociados clandestinos bajo una sola advertencia: “vas a terminar como Luciano Arruga”.

Es innumerable la cantidad de episodios de persecución y amenaza directa que sufrimos de parte de policías, que no tuvieron ningún reparo en dejar en evidencia que fueron ellos los que mataron a Luciano; se creen impunes.

Testigos afirman haber visto a Luciano en el Destacamento y hay móviles policiales que la noche del 31 de enero de 2009 se salieron de su jurisdicción para detenerse durante dos horas en el Monte Dorrego, un descampado de la zona. De los 17 móviles de las comisarías de Lomas del Mirador, sólo seis emitieron su posicionamiento aquella noche y uno apagó su registro de radio desde las dos a las cuatro de la mañana: Luciano fue asesinado a las tres y media. Los libros de entrada y salida de detenidos del destacamento de Lomas del Mirador fueron adulterados con tachaduras, borraduras e incluso hojas arrancadas.

Por todos los hechos de impunidad sucedidos con Luciano y con otros tantos pibes del barrio, una de las primeras reivindicaciones que sostuvimos fue el cierre definitivo del destacamento de Lomas del Mirador. A los tres años lo conseguimos, pero tuvimos que pasar otros tres años más para lograr la cesión definitiva del lugar a familiares y amigos de Luciano. A pocos días de la aparición del cuerpo, el senado de la Provincia otorgó la media sanción que faltaba para convertir en ley nuestra consigna: tenemos Espacio para la Memoria Luciano Arruga independiente del Estado y del gobierno.

Cuando comenzó la investigación, la primera medida que tomó la fiscal fue entregar la causa a la policía que asesinó a Luciano. Por su manifiesta complicidad, Roxana Castelli está acusada en un jury de enjuiciamiento que presentamos los familiares y amigos. También están acusados la segunda fiscal, Celia Cejas, y el primer juez, Gustavo Banco, por hacer escuchas telefónicas secretas a toda la familia durante un año y medio. En el marco del encubrimiento judicial, se instalaron en nuestras casas, intervinieron nuestros teléfonos y quisieron disuadirnos de sostener nuestra denuncia. Buscaban hacernos creer que se trataba de un asunto de drogas, que se había ido con su padre o con una novia, que ya iba a volver. Pero fue la policía y nosotros vamos a ir hasta el final.

Pudimos ver cómo, antes de pericias fundamentales, que por llegar tarde no arrojaron resultados contundentes, blanqueaban con lavandina las paredes del destacamento e incluso cambiaban el tapizado de los móviles. Pudimos ver cómo se prendía fuego la comisaría 8º por un supuesto “motín” en el que murieron cinco presos por estar hacinados más de quince en una celda para nueve.

En esos primeros meses fue estremecedor el silencio y el ninguneo oficial. La presidenta Cristina Fernández y el gobierno nacional, a pesar de su hipócrita discurso sobre los derechos humanos, jamás mencionó a Luciano Arruga ni a la violencia estatal como sistemática. Se sostiene en la cúpula del poder a personajes implicados en causas por violaciones a los derechos humanos, algunas de lesa humanidad, como Milani y Berni. Berni, además, en acuerdo con el SMATA, fue el encargado directo de la represión a los “indomables” trabajadores de la fábrica Lear, que sostienen hasta hoy una lucha histórica e inclaudicable por la reincorporación de todos y por el fin de las patotas y la persecución sindical; los despedidos ya fueron reinstalados por la Justicia y la empresa hoy se niega a acatar el fallo: ¡Exigimos su cumplimiento inmediato! No quedan excluidas de lo peor del sistema político que protege genocidas, mafiosos y asesinos, las miles de mujeres desaparecidas a lo largo y ancho del país víctimas de la trata de personas organizada por policías, funcionarios judiciales y políticos.

La represión está diseminada en todas las provincias y es ejecutada tanto por policías provinciales como por fuerzas nacionales, como la Federal, la Prefectura o la Gendarmería, con presencia estratégica en barrios pobres. Todos los funcionarios con los que nos reunimos en estos años de lucha hicieron promesas que jamás cumplieron y nos dijeron mentiras para no volver a recibirnos más. Cada uno de ellos fue mencionado y denunciado públicamente por nosotros con nombre y apellido.

A los seis meses, la familia Arruga se dirigió a la Casa de la Provincia por un llamado de parte del equipo de Daniel Scioli, uno de los máximos responsables de la desaparición de Luciano: nos iban a recibir. Una vez allá, se nos informó que el gobernador no tenía agenda. En su lugar, fuimos recibidos por Ricardo Casal y Carlos Stornelli, en ese entonces, Ministros de Seguridad y Justicia de la provincia: ambos se rieron en nuestras caras. Casal nos dijo que cualquier policía corrupto era separado de la fuerza de inmediato y que lo de Luciano era mentira. Representantes de asuntos internos calificaron la adulteración de libros y la venta de alcohol y sustancias de la policía a los detenidos como “errores frecuentes”. Luego, esos mismos funcionarios a los que nosotros escrachábamos públicamente salieron demagógicamente en medios de comunicación a afirmar que nos acompañaban y estaban al tanto de los avances de la causa.

Ricardo Casal es el mismo impresentable que luego de la aparición de Luciano tuvo la inmunda y repudiable caradurez de afirmar en medios de comunicación que, finalmente, “su muerte fue un caso hospitalario”. Lo mismo hizo Jorge Telerman, vocero del gobierno de la Provincia, cuando emitió un comunicado en el que expresaba: “lamentamos los hechos ocurridos con Luciano Arruga en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, mintiendo e intentando asquerosa, cínica e inútilmente lavarle las manos a un gobernador que ya se manchó con sangre y a una policía que es una mafia organizada por el poder político.

No podemos omitir que el gobernador que se negó a hacer declaraciones sobre su ineludible responsabilidad política en esta causa es uno de los candidatos más sólidos del kirchnerismo para acceder a la presidencia. Vivimos en una provincia en la que no funcionan los hospitales, no hay centros culturales, la educación está en quiebra y a los trabajadores no les alcanza para cubrir sus necesidades básicas pero se defiende la mano dura, se encubre a la Bonaerense y se invierten millones en políticas represivas que van en contra de los sectores más castigados. La decisión de Scioli de militarizar todos los barrios está de manifiesto cuando, mancomunado con el intendente Espinoza, invierte parte de su presupuesto en la creación de una escuela de policía en la Universidad pública de La Matanza. Este hecho viene siendo denunciado hace años por las organizaciones de izquierda y de derechos humanos de la zona. El aumento del presupuesto en supuestas políticas de seguridad que incrementan los niveles de represión en los barrios y alimentan al crimen organizado es de 1096%. Una de las “inversiones” con más repercusión fue la salida a la calle de 10 mil nuevos policías y la preparación, para 2015, según informes oficiales, de otros 15 mil.

Los medios masivos no se quedan atrás en el encubrimiento manifiesto de los crímenes de Estado. Mientras las playas pintadas de naranja siguen siendo noticia nacional, los asesinatos y desapariciones a manos de las Fuerzas de Seguridad parecen no importar una vez que se termina la posibilidad de lucrar con la muerte de jóvenes como Luciano. Los casos se presentan como aislados, inéditos y sin responsabilidades intelectuales, y esa parcialidad perversa responde directamente a las necesidades de un gobierno que debe sostener e incrementar sus políticas represivas a costa de mentiras, silencio y terror. Es clarísima la diferencia que encontramos con los medios comunitarios, alternativos y populares, que nos acompañaron desde el comienzo de esta lucha y pusieron a disposición todos sus espacios para familiares, amigos y organizaciones.

A cinco años y ocho meses de lucha inclaudicable, de marchas, escraches, acampes, festivales y de búsqueda desesperada, encontramos a Luciano. En abril de 2014 tomamos la decisión de presentar un nuevo hábeas corpus exigiendo la aparición con vida. Fue rechazado en primera y segunda instancia, pero gracias a nuestras apelaciones llegó a la Cámara Federal de Casación Penal en Comodoro Py y la sala IV le dio curso. El juez Juan Pablo Salas, entonces, reabrió los archivos de la Policía Científica de la noche del 31 de enero de 2009 y se utilizaron las huellas de Luciano registradas por una detención anterior. Con esa información, se encontró un NN enterrado en el cementerio de la Chacarita cuyas huellas coincidían.

El hallazgo del cuerpo de Luciano puso de manifiesto un entramado de encubrimiento de todas las instituciones del Estado, que garantizaron mantenerlo desaparecido durante casi seis años. Nos encontramos con que se explicaba su muerte a partir de un simple accidente de tránsito. Sin embargo, todo lo investigado a partir de la aparición involucra directamente a la policía bonaerense en el asesinato de Luciano.

La causa que habla de accidente informa que Luciano se encontraba a las tres y media de la mañana del 31 de enero de 2009 cruzando General Paz por la vía rápida y no peatonal cuando fue embestido por un auto. Para acceder a ese lugar hay que subir un terraplén empinado y saltar la baranda del puente. El expediente por el supuesto accidente ahora forma parte de la causa que sigue teniendo vigencia, caratulada como “Desaparición forzada de persona”.

El joven que lo atropelló fue nuevamente llamado a declarar y su testimonio es contundente: Luciano corría desesperado, parecía que escapaba de alguien. Declaró, además, un motoquero que se detuvo en aquel momento a ayudar a desviar el tránsito; señaló que en la colectora de la General Paz, lado provincia, había un patrullero de la Bonaerense detenido y con las luces apagadas. También pudo acreditarse que la ropa que Luciano llevaba puesta no era suya y en el curso de esa vergonzosa investigación se perdieron evidencias fundamentales para determinar cómo llegó ahí, como sus prendas y zapatillas. Luego de la intervención en el lugar de la Policía Federal, Luciano fue traslado por el SAME al hospital Santojanni, donde fue operado y murió a las ocho de la mañana. Mientras estaba ahí, Vanesa Orieta y Mónica Alegre fueron a buscarlo dos veces: les dijeron que ningún NN coincidía con la descripción que ellas aportaban y que no podían pasar a identificar a nadie.

Es creciente e indetenible la organización independiente de las familias contra la represión y el gatillo fácil: el caso de Franco Casco en Rosario, a pocos días de la aparición de Luciano, reveló que la lucha en la calle es el único motor para hacer justicia. Cristian Farías fue asesinado en noviembre por la policía de Santiago del Estero y la causa también habla de un accidente. En estos últimos años, el gobierno ratificó su decisión política de sostener y acrecentar esta represión con designaciones como la de Alejandro Granados en el ministerio de Seguridad de la Provincia. La organización de las familias contra los atropellos del Estado no es exclusiva de nuestro país, en México se levantaron cientos de miles contra la impunidad por las 43 desapariciones de los normalistas.

Las desapariciones forzadas se completan con la complicidad de morgues, hospitales y cementerios. El caso de la inundación en La Plata en abril de 2013 demuestra las irregularidades deliberadas que encubren tanto la cantidad de víctimas de estas masacres como facilitan el entierro de cuerpos que no se sabe de quiénes son. Estas prácticas remiten a las desapariciones forzadas de la última dictadura, en las que uno de los destinos de los jóvenes militantes eran las fosas comunes.

Nuestra denuncia no cambió. Por el contrario, se amplificó. Nunca diremos que hay una cadena de errores o negligencia: es encubrimiento manifiesto y cómplice de todas las instituciones del Estado para garantizar que en democracia haya desaparecidos. Luciano Arruga fue asesinado por la policía bonaerense y fue desaparecido por el Estado argentino.

La teoría del accidente para encubrir la violencia estatal tampoco es una novedad: más de doscientas causas de gatillo fácil se intentaron dejar impunes con esa estrategia. El caso de Ezequiel Demonty revela esta práctica: policías lo obligaron a tirarse al Río de la Plata y luego quisieron hacerle creer a su familia que él lo hizo porque quiso. La policía obligó a Luciano a subir a General Paz y él corría desesperado.

El caso Arruga se ha convertido en un emblema de lucha contra la represión policial, que se repite a lo largo y ancho de todo el país. No es nuestra intención presentar su desaparición como un caso único o aislado: desde el comienzo de nuestra lucha resaltamos que ya son más de 4300 los pibes asesinados en democracia por fuerzas de seguridad; más de la mitad, durante la década kirchnerista y hay 216 desaparecidos en democracia.

Nuestra lucha continuará vigente mientras sigan existiendo otros Lucianos, porque demostramos que es la única forma posible de hacer Justicia. Sólo organizados en las calles pudimos hacer historia y encontrarlo. Nos comprometimos desde el primer momento a sostener una independencia total del Estado y sus gobiernos y sostenemos esa premisa más firmes que nunca. La sangre de nuestros pibes no se negocia.

A LUCIANO LO MATÁ LA POLICÍA, LO DESAPARECIÓ EL ESTADO.

 

EXIGIMOS:

 - JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES. 

- BASTA DE DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA

 - BASTA DE GATILLO FÁCIL Y REPRESIÓN INSTITUCIONAL 

- BASTA DE REMPRIMIR, CRIMINALIZAR Y JUDICIALIZAR LA PROTESTA SOCIAL. ABSOLUCIÓN DE LOS MÁS DE 7000 PROCESADOS POR LUCHAR. 

- FUERA LA ESCUELA DE POLICÍA DE LA UNIVERSIDAD DE LA MATANZA 

- ABSOLUCIÓN A LOS PETROLEROS DE LAS HERAS

 - NO A LA LEY ANTITERRORISTA Y EL PROYECTO X

 - FUERA BERNI. FUERA MILANI

 - FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS

- LUCIANO ARRUGA PRESENTE, AHORA Y SIEMPRE.

Convocan y adhieren:

Familiares y amigos de Luciano Arruga – HIJOS Zona Oeste – HIJOS La Plata – Hijos Mar del Plata En La Red Nacional – Familiares y amigxs de víctimas de la represión policial (Neuquén) – APDH La Matanza – SUTEBA La Matanza – Coordinadora Antirrepresiva del Oeste – CORREPI – Partido Obrero – Asociación de Profesionales en Lucha (Apel) – PTS – Ceprodh – Frente Popular Darío Santillán – MIR – La Poderosa – Libres del Sur – Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional – Patria Grande – Agrupación Hombre Nuevo – MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores) Nueva Izquierda – Sembrando Rebeldías – Movimiento Popular La Dignidad – Barrios de Pie – Movimiento SUR – Jóvenes de Pie – MTVI (Movimiento Teresa Vive Independiente) – Red Zapatista de Liberación – Centro de Participación Popular Mons. E. Angelelli – Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Fcio. Varela – FM La Barriada 98.9 – Centro de Estudiantes de Psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata – MEPs (Movimiento de Estudiantes de Psicología) – Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) Instituto de Investigaciones Gino Germani – Colectivo El Túnel – Centro de Estudiantes de Ciencia y Tecnología Uiversidad Nacional de Quilmes – PRML (Partido Revolucionario Marxista Leninista) – Tendencia Universitaria Nacional 29 de MAYO (Vicepresidencia del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales-UBA, Minoría del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas-UBA, Secretaría General del Centro de Estudiantes del Joaquín V. Gonzalez, Minoría del Consejo Directivo de la Facultad de Psicología- Universidad Nacional de Rosario) – Segunda Independencia – Movimiento Torre – Bloque Piquetero Nacional – Anaracumbia Libres del Pueblo – Zainuco – Cooperativa de trabajadores y trabajadoras Cae Babylon – El Zumbido.

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Informe estadístico producido por integrantes del GESPyDH en el Departamento de investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación. 

06 de Enero, 2015. El Departamento de Investigaciones presenta el Primer Informe de resultados estadísticos del proyecto El Estado y la producción de información. Deficiencias y ausencias en el relevamiento y la producción de datos. El caso Argentina. La producción estadística a nivel nacional, regional y mundial sobre la población encarcelada en los últimos 5 años”.

El informe consta de una Introducción en la que se hace referencia al proyecto y tres capítulos: 1) Datos estadísticos en tres niveles: Mundial, Latinoamericano y Argentino. 2) Datos estadísticos sobre el Servicio Penitenciario Federal. 3) Ejercicio de cálculos estadísticos de tasas de prisionización para la Argentina.

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Karl Marx y el lugar de los delincuentes en la sociedad

Un texto escrito por el filósofo alemán entre 1860 y 1862 y editado de modo póstumo, como apéndice de “Teorías de las plusvalías”, bajo el título de “Concepción apologética de la productividad de todas las profesiones”.

El filósofo produce ideas, el poeta poemas, el cura sermones, el profesor compendios, etc. El delincuente produce delitos. Fijémonos un poco más de cerca en la conexión que existe entre esta última rama de producción y el conjunto de la sociedad y ello nos ayudará a sobreponernos a muchos prejuicios. El delincuente no produce solamente delitos: produce, además, el derecho penal y, con eso, al mismo tiempo, al profesor encargado de sustentar cursos sobre esta materia y, además, el inevitable compendio en que este mismo profesor lanza al mercado sus lecciones como una “mercancía”. Lo cual contribuye a incrementar la riqueza nacional, aparte de la fruición privada que, según nos hace ver, un testigo competente, el señor profesor Roscher, el manuscrito del compendio produce a su propio autor.

El delincuente produce, asimismo, toda la policía y la administración de justicia penal: esbirros, jueces, verdugos, jurados, etc., y, a su vez, todas estas diferentes ramas de industria que representan otras tantas categorías de la división social del trabajo; desarrollan diferentes capacidades del espíritu humano, crean nuevas necesidades y nuevos modos de satisfacerlas. Solamente la tortura ha dado pie a los más ingeniosos inventos mecánicos y ocupa, en la producción de sus instrumentos, a gran número de honrados artesanos.

El delincuente produce una impresión, unas veces moral, otras veces trágica, según los casos, prestando con ello un “servicio” al movimiento de los sentimientos morales y estéticos del público. No sólo produce manuales de derecho penal, códigos penales y, por tanto, legisladores que se ocupan de los delitos y las penas; produce también arte, literatura, novelas e incluso tragedias, como lo demuestran, no sólo La culpa de Müllner o Los bandidos de Schiller, ¡sino incluso el Edipo y elRicardo III! El delincuente rompe la monotonía y el aplomo cotidiano de la vida burguesa. La preserva así del estancamiento y, provoca esa tensión y ese desasosiego sin los que hasta el acicate de la competencia se embotaría. Impulsa con ello las fuerzas productivas. El crimen descarga al mercado de trabajo de una parte de la superpoblación sobrante, reduciendo así la competencia entre los trabajadores y poniendo coto hasta cierto punto a la baja del salario, y, al mismo tiempo, la lucha contra la delincuencia absorbe a otra parte de la misma población. Por todas estas razones, el delincuente actúa como una de esas “compensaciones” naturales que contribuyen a restablecer el equilibrio adecuado y abren toda una perspectiva de ramas “útiles” de trabajo.

Podríamos poner de relieve hasta en sus últimos detalles el modo como el delincuente influye en el desarrollo de la productividad. Los cerrajeros jamás habrían podido alcanzar su actual perfección, si no hubiese ladrones. Y la fabricación de billetes de banco no habría llegado nunca a su actual refinamiento a no ser por los falsificadores de moneda. El microscopio no habría encontrado acceso a los negocios comerciales corrientes (véase Babbage) si no le hubiera abierto el camino el fraude comercial. Y la química práctica, debiera estarle tan agradecida a las adulteraciones de mercancías y al intento de descubrirlas como al honrado celo por aumentar la productividad.

El delito, con los nuevos recursos que cada día se descubren para atentar contra la propiedad, obliga a descubrir a cada paso nuevos medios de defensa y se revela, así, tan productivo como las huelgas, en lo tocante a la invención de máquinas. Y abandonado al campo del delito privado, ¿acaso, sin los delitos nacionales, habría llegado a crearse nunca el mercado mundial? Más aún, ¿existirían siquiera naciones? ¿Y no es en el árbol del pecado, al mismo tiempo y desde Adán, el árbol del conocimiento? Ya Mandeville en su Fábula de las abejas (1705) había demostrado la productividad de todos los posibles oficios, etc., poniendo de manifiesto en general la tendencia de toda esta argumentación:

«Lo que en este mundo llamamos el mal, tanto el moral como el natural, es el gran principio que nos convierte en criaturas sociales, la base firme, la vida y el puntal de todas las industrias y ocupaciones, sin excepción; aquí reside el verdadero origen de todas las artes y ciencias y, a partir del momento en que el mal cesara, la sociedad decaería necesariamente, si es que no perece completamente.»

Lo que ocurre es que Mandeville era, naturalmente, mucho más, infinitamente más audaz y más honrado que los apologistas filisteos de la sociedad burguesa.

Fuente: http://elidentikit.com/2012/08/karl-marx-y-el-lugar-de-los-delincuentes-en-la-sociedad