Documentos de trabajo

Informe estadístico producido por integrantes del GESPyDH en el Departamento de investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación. 

06 de Enero, 2015. El Departamento de Investigaciones presenta el Primer Informe de resultados estadísticos del proyecto El Estado y la producción de información. Deficiencias y ausencias en el relevamiento y la producción de datos. El caso Argentina. La producción estadística a nivel nacional, regional y mundial sobre la población encarcelada en los últimos 5 años”.

El informe consta de una Introducción en la que se hace referencia al proyecto y tres capítulos: 1) Datos estadísticos en tres niveles: Mundial, Latinoamericano y Argentino. 2) Datos estadísticos sobre el Servicio Penitenciario Federal. 3) Ejercicio de cálculos estadísticos de tasas de prisionización para la Argentina.

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En el marco del trabajo investigativo realizado durante 2014, en el que abordamos “la cuestión policial”, presentamos las primeras reflexiones sobre los resultados obtenidos para la Ciudad de Buenos Aires. 

“Policiando” la Ciudad, criminalizando jóvenes de barrios empobrecidos

por Karina Fuentes, Florencia Tellería, Sofía Conti y Natalia Narváez Tojter.

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En los últimos años se ha producido una cuantiosa bibliografía acerca de la problemática de la inseguridad pero poco se conoce acerca del despliegue de planes y operativos de seguridad y sus consecuencias[1]. Las políticas diseñadas e implementadas por el Gobierno Nacional en materia de seguridad reflejan, en primer lugar, un aumento de la cantidad de efectivos en todas las fuerzas federales de seguridad del 59.26%[2] en el período 2001-2013, lo cual nos permite identificar una determinada noción de “seguridad” directamente ligada a la presencia y accionar policial en territorio. En segundo lugar, es constatable que se han redefinido roles y ampliado las competencias de fuerzas de diferente naturaleza que, incluidas en tareas de seguridad interior, pasaron a cumplir funciones policiales y a gestionar tolerancias e ilegalismos en los barrios donde son asignadas. Estas transformaciones se dan desde el año 2004 en el marco de múltiples planes y programas vigentes (Plan Buenos Aires Ciudad Segura, Plan Unidad Cinturón Sur, Plan de Seguridad Urbana, Control Accesos C.A.B.A, Operativo Vigía, Plan de Abordaje Integral Plan Ahí. Este último lanzado por el Ministerio de Desarrollo Social pero del que participan los Ministerios de Defensa y Seguridad).

Una radiografía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muestra que en simultáneo se despliegan las siguientes fuerzas: Gendarmería Nacional, Prefectura Nacional, Policía Federal Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, y la Policía Metropolitana bajo la égida del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

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Tomando en consideración la cantidad de habitantes de la C.A.B.A que arrojó el Censo 2010[8] y la cantidad de efectivos de fuerzas de seguridad para el total de la ciudad estamos en presencia de un agente policial cada 133 habitantes. Y si incorporamos la dimensión etárea para la población total de C.A.B.A, existe un policía cada 41 jóvenes[9].

Sin embargo, este despliegue de fuerzas y planes de seguridad no se produjo homogéneamente en el territorio de la ciudad, sino que tendieron a un despliegue focalizado sobre ciertos territorios y poblaciones: barrios del Sur de C.A.B.A. en situación de marginalidad y pobreza. El Plan Cinturón Sur nos brinda un ejemplo de esto.

Según información oficial, el Plan, se implementa en los barrios de Nueva Pompeya, Bajo Flores, Villa Soldati, Villa Lugano, Barracas, La Boca y Parque Patricios. Correspondiéndose con la Comuna 8 en su totalidad y parte de las comunas 4, 5, 7 y 9. Es en esta zona donde se encuentra la mayor cantidad de Villas de emergencia y asentamientos de la Ciudad[10].

Los planes y operativos se basan en la estrategia de policiar en forma intensiva el territorio urbano, estos contemplan el despliegue y saturación de efectivos de fuerzas de seguridad y policías que son propuestos como un tratamiento al diagnóstico sobre “la inseguridad”. La construcción hegemónica de “la inseguridad” se presenta de forma difusa y ligada al delito, mientras que muchas otras desprotecciones vinculadas a la ciudadanía social no aparecen bajo esa perspectiva. Se produce un recorte que circunscribe la factibilidad de comisión de delitos sólo a los sectores populares, y específicamente a los jóvenes marginados. Quienes, lejos de ser protegidos en el marco de derechos y garantías, se constituyen en objetos privilegiados de persecución y hostigamiento policial. Asentimos, siguiendo a R. Castel, que: “la diabolización de la cuestión de los suburbios pobres, y particularmente la estigmatización de los jóvenes de esos suburbios a la cual se asiste hoy en día, tiene que ver con un proceso de desplazamiento de la conflictividad social que podría representar perfectamente un dato permanente de la problemática de la inseguridad. La escenificación de la situación de los suburbios pobres como abscesos donde está fijada la inseguridad, (…) [es de alguna manera] la cristalización en grupos particulares situados en los márgenes, de todas las amenazas que entraña en sí una sociedad.”[11]

La violencia de la sociedad no se reduce policiando el espacio público, muy por el contrario, los datos demuestran que las mismas prácticas policiales y de las fuerzas de seguridad contribuyen significativamente a potenciar los actos violentos en territorios sociovulnerables y específicamente sobre la población joven, la cual es estigmatizada y constituida como responsable de la inseguridad, el conflicto social y la violencia.

En este sentido, el Registro Nacional de Casos de Torturas y/o Malos Tratos, en el marco del Informe Anual 2013, ha realizado un avance exploratorio sobre el estudio de prácticas policiales que registró casos de violencia estatal al momento de aprehensión y/o espacios de detención en los que alojan a las personas inmediatamente después de ser detenidas por el personal policial. Dicho estudio se realizó a partir de 140 casos de víctimas de agresiones físicas relevadas en el ámbito nacional federal y en el ámbito de la provincia de Buenos Aires[12].

En el Ámbito Nacional Federal, que comprende los relevamientos realizados mayoritariamente en la C.A.B.A y también en otras localidades del país, entre septiembre de 2010 y diciembre de 2013 se relevaron 67 casos de personas que habían sido víctimas de agresiones físicas por parte de las fuerzas policiales y de seguridad. Es importante resaltar que este registro de casos es producto de la emergencia no programada en los establecimientos de encierro, denuncias en la Procuración Penitenciaria de la Nación y del registro exploratorio dirigido específicamente para casos de violencia física por parte de fuerzas policiales. De este total, el 60% de las víctimas tenían menos de 34 años. Entre 18 y 21 años un 9,0% y entre 22 y 34 años un 50,08%, es decir, se trataba de una población joven.

A través del instrumento del RNCT las personas entrevistadas pudieron describir hasta tres hechos de agresión física por parte de funcionarios públicos (policiales, penitenciarios o de minoridad) padecidos en los 60 días previos a la entrevista. Tomando solamente los hechos en los que los agresores eran policías (de diversas agencias) o miembros de otras fuerzas de seguridad, 60 víctimas describieron 1 hecho de tortura física, 6 personas describieron 2 hechos, y 1 víctima 3 hechos. Por lo cual contamos con 75 hechos de agresiones físicas por parte de policías y otras fuerzas. El 79% de los casos corresponden a la Prefectura Naval Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Policía Federal y Policía Metropolitana. De estos casos, 49 corresponden a la C.A.B.A y el 26 restante se distribuyen en otras provincias del país. En la mayoría de los casos, un 73,3%, los actos de agresión fueron golpizas protagonizadas por varios agentes que agredieron a la víctima durante un tiempo sostenido. Asimismo, es importante destacar que, de acuerdo a los testimonios de los entrevistados, los distintos actos violentos se produjeron en forma combinada.

El discurso político mediático que amplifica y generaliza un determinado sentido de clase de la noción de inseguridad construye un escenario de miedo y desconfianza hacia un “Otro” social “amenazante” y “peligroso”, posibilitando que difícilmente se cuestione la sistemática persecución, captura y aplicación de tortura y/o malos tratos físicos sobre los cuerpos de los jóvenes pobres. Junto con otros tipos diversos de violencias que conforman el gobierno de la pobreza, la regulación territorial selectiva y el accionar violento y delictual de las fuerzas policiales y de seguridad se legitima y se naturaliza. Estos mismos jóvenes de sectores sociovulnerables conviven en un contexto de desigualdades sociales producto de la inclusión precaria de los excluidos sociales, por lo cual los jóvenes son afectados por un proceso de des- institucionalización social (educativa, laboral, sanitaria, sindical).

Dicha evidencia y los datos expuestos nos permiten interpelar ciertas nociones de “seguridad democrática” y de “seguridad para inclusión social” advirtiendo que además de las inseguridades sociales, estos sectores perciben otro tipo de inseguridad vinculada a las prácticas violentas y delictuales de las fuerzas policiales. Toda propuesta de política criminal cuyo eje central radique en la policiación intensiva del territorio debe asumir como efecto ineludible las vulneraciones a los derechos humanos y fundamentales de las personas que son objeto de persecución de la agencia policial.

Notas:

[1]Estas reflexiones son resultado de un trabajo grupal de relevamiento, sistematización y análisis de datos realizadas desde el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (GESPyDH) en el marco del Proyecto Ubacyt: “Observatorio de políticas de control penal en el marco del gobierno de la población excedentaria en los espacios de vulnerabilidad socioterritorial y en espacios de encierro punitivo II” dirigido por Silvia Guemureman y Alcira Daroqui.

[2]Ministerio de Seguridad de la Nación (2014). “Políticas preventivas para garantizar la seguridad de los vecinos”. Colección Políticas de Seguridad de la Nación N° 6. Disponible online http://issuu.com/minseg/docs/politicas_seguridad_6_web

[3]Auditoría General de la Nación “Informe de Auditoria”, 2011. De acuerdo al informe existían 11450 efectivos en comisarías. Dado que el incremento total de efectivos en el año 2013 fue del 15%, se estimó un aumento similar para los policías destinados al área Metropolitana.Versión online http://www.agn.gov.ar/files/informes/2011_197info.pdf

[4] Diario La Nación (2014) “Polémica: la Federal se va de los barrios donde está la Metropolitana”. Disponible en versión online http://www.lanacion.com.ar/1724643-polemica-la-federal-se-va-de-los-barrios-donde-esta-la-metropolitana

[5]Ministerio de Seguridad (2014) “Políticas de Seguridad de la Nación” Publicación editada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, Nº 6- Enero 2014.  De GNA son1760 efectivos de Cinturón Sur y 60 del Operativo Vigía.

[6]Ministerio de Seguridad (2014) “Políticas de Seguridad de la Nación” Publicación editada por el Ministerio de Seguridad de la Nación, Nº 6- Enero 2014.  De PNA corresponde al despliegue en Cinturón Sur.

[7] Auditoría General de la Nación “Policía de Seguridad Aeroportuaria, Informe de Auditoría”Del total de efectivos corresponde 140al Operativo Vigía y 304 que se encuentran en el Aeropuerto Jorge Newbery. Versión onlinehttp://www.agn.gov.ar/files/informes/2013_219info.pdf

[8]Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina INDEC (2014). “Cuadro P1-P. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Población total y variación intercensal absoluta y relativa por comuna. Años 2001-2010” Datos disponibles en la web oficialhttp://www.censo2010.indec.gov.ar/CuadrosDefinitivos/P1-P_Caba.pdf  última consulta 15/11/14

[9] Consideramos joven a las personas entre 15 y 34 años. Para la construcción de dicha variable tomamos la definición de la ONU, de 15 a 24 años y fue extendida hasta 34 años para poder abordar las franjas etáreas delineadas por Registro Nacional de Casos de Tortura y/o Malos Tratos, que agrupa a la población joven en dos franjas, de 18 a 21 y de 22 a 34 años.lele

[10] Ver mapa de Villas y Asentamientos por Comuna, Ciudad de Buenos Aires, años 2011. Fuente: Dirección de Estadística y Censos del Ministerio de Hacienda, GCBAhttp://www.estadistica.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/sis_estadistico/mapas/villas_asentamientos_comunas_2011.jpg

[11] Robert Castell (2004), La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?, Editorial Manantial, Argentina.

[12] Para obtener detalles metodológicos sobre la realización de este Registro puede consultarse la página del GESPyDH: http://gespydhiigg.sociales.uba.ar/rnct/informes-anuales/

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Investigación realizada en la Procuración Penitenciaria de la Nación (2008-2010 -actualización de datos 2014) “Extranjeros en las cárceles federales. Un estudio sobre las características sociodemográficas y el acceso a derechos de los extranjeros encarcelados en el SPF”.    // Sobre la temática también puede consultarse el Cuaderno de la Procuración N° 7: Prisión e inmigración. Población extranjera detenida en cárceles federales”. Buenos Aires: PPN.

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Investigación realizada en la Procuración Penitenciaria de la Nación (2010). ‘El maltrato es que te roban todo’: robos y agresiones físicas en las visitas al Complejo Penitenciario Federal II -Marcos Paz”.

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Investigación realizada en la Procuración Penitenciaria de la Nación (2008). Investigación: Malos tratos físicos y torturas. Un estudio sobre procedimientos de requisa, sanción de aislamiento y agresiones físicas en cárceles federales. Buenos Aires.

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Bouilly, M. R. y Motta, H. (2008), “Recorrida por los proyectos de arquitectura penitenciaria: La renovada misión de encerrar más y mejor”. Manuscrito no publicado. Universidad de Buenos Aires.